El destino de 2.000 trabajadores despedidos de la avícola Cresta Roja (CR) es un capítulo más de la crisis de empleo en pandemia. Desde 2015 el conflicto atraviesa la grieta y este lunes al mediodía sumará un capítulo más con la "asamblea abierta" frente a la planta ubicada en la localidad bonaerense de Esteban Echeverría.

Si bien los despedidos admiten que tienen contactos con el Gobierno Nacional, asumen que su situación es “más que incierta”. "Tenemos un solo objetivo: poder trabajar y garantizar la comida a nuestras familias, por eso que volvemos a pedirle al presidente Alberto Fernández que nos apoye" resumió Carlos Stasiuk, vocero de los trabajadores desocupados de CR a BAE Negocios.

Para la asamblea están convocados los trabajadores de la cadena productiva, molineros, personal de incubación, cargadores, estibadores, choferes, operarios en actividad, cesantes, despedidos y suspendidos. "Vamos a debatir los pasos a seguir, este conflicto lleva ya cinco años. Proponemos la creación de una cooperativa que nos incluya a todos con trabajo digno y poner fin a esta gran estafa pergeñada por el gobierno del ex presidente Mauricio Macri", apuntó Stasiuk.

En rigor de cronología, con CR bajo la tutela del Grupo Rasic la crisis de la avícola se detonó ya durante el gobierno de Cristina Fernández, en su última etapa. La ingeniería dispuesta por el ministerio de Trabajo, a cargo de Carlos Tomada, no alcanzó a frenar el conflicto.

Por aquellos días la cartera laboral reconocía el escenario complicado en esa empresa, cuestión que como también recuerdan hoy los despedidos tuvo su “mojón” en diciembre de 2015 ocasión en la que la jueza Valeria Pérez Casado decretó la quiebra al grupo Rasic.

Para la gestión Cambiemos, en sus primeros meses de gobierno, el caso CR era crucial, tanto por los incidentes en las manifestaciones de trabajadores y desde sus promesas de reactivación a corto plazo. Stasiuk recordó que en marzo de 2016 comenzó a operar en CR la firma Proteinsa, “ellos les hicieron firmar a los trabajadores créditos laborales, con acciones y la promesa de pagarles su indemnización y volver a tomarlos como trabajadores, eso nunca ocurrió”, recordó el vocero.

El 1 de mayo del mismo año Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal se presentaron en la planta. Flanqueados por operarios, el Jefe de Estado anunció también allí el veto presidencial a la Ley Antidespidos, y proclamó que CR era el modelo productivo de gestión.

Para en enero del 2018 Proteinsa entró en concurso de acredores y dos meses después la jueza decide otorgar CR en forma provisoria a Granja Tres Arroyos. “Ellos operaron desde la firma Wade, con una nueva propuesta de reactivación, un acuerdo marco para reducir personal y salarios. De Proteinsa a Wade quedamos 2000 compañeros en la calle de los 3300 que éramos en diciembre del 2015”, lamentó Stasiuk.

En cada tramo de la sucesión de episodios tanto el vocero como otros despedidos recordaron que “todo lo comentado está en el expediente judicial” y acotan que “por cada irregularidad hicimos las denuncias correspondientes”.

El malestar de los despedidos también es evidente con el Sindicato de Alimentación, que consideran “no estuvo a la altura de las circunstancias” y enfatizan que la “única esperanza” está en que el Presidente disponga medidas para que los despedidos recuperen su puesto de labor.