La Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica de la República Argentina (ASIMRA) lanzó una dura crítica contra la importación de una «ciudad modular» de origen chino que será instalada en la provincia de San Juan para albergar a miles de trabajadores del megaproyecto minero de cobre Batidero. El sindicato advirtió que la decisión del consorcio liderado por PowerChina, Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA S.A. «destruye a los proveedores nacionales, impacta en la cadena de valor regional y reduce la posibilidad de generar empleo genuino para la población local».

El dirigente de ASIMRA y referente de los trabajadores mineros de Salta, San Juan, Catamarca, Jujuy y Santa Cruz, Javier Escobar, fue contundente: «Es inadmisible la decisión de traer una ciudad, con trabajadores chinos, e implantarla en medio de la cordillera argentina». El sindicalista reivindicó la capacidad de centenares de PyMEs locales que, según aseguró, «están en condiciones de realizar las tareas» que fueron encargadas a proveedores extranjeros.

El proyecto Batidero prevé la instalación inicial de un complejo habitacional con capacidad para 2.500 camas, aunque por la dinámica de los trabajos rotativos en la minería esa cifra se elevará a entre 3.500 y 5.000 personas. Con el avance del emprendimiento, la demanda de trabajadores podría escalar a 12.000 operarios, lo que exigiría ampliar el campamento hasta las 6.000 plazas.

La «ciudad modular» importada desde China consiste en módulos prefabricados con estructura de acero, que se ensamblan y apilan en la montaña. Los mismos llegan al país listos para su uso, completamente equipados con mobiliario y electrodomésticos. Si bien desde el punto de vista logístico la solución es práctica, el sindicato advierte que el impacto negativo sobre el empleo y la cadena de valor nacional es irreversible.

El núcleo de la crítica de ASIMRA no es la inversión extranjera en sí misma, sino la modalidad de ejecución. Al importar los módulos completos, desde la estructura de acero hasta los muebles y electrodomésticos, la mayor parte del valor agregado y la generación de puestos de trabajo queda fuera del país. Lo que podría significar una oportunidad para la industria metalúrgica, la carpintería, la textil (colchones, ropa de cama), la electricidad y el transporte, entre otros rubros, termina siendo resuelto íntegramente en China.

«Destruye a los proveedores nacionales», repitió el comunicado sindical. Y explicó: «Impacta en la cadena de valor regional y reduce la posibilidad de generar empleo genuino para la población local». El gremio señaló que centenares de pequeñas y medianas empresas de San Juan y provincias vecinas están en condiciones de fabricar módulos, realizar la instalación eléctrica, proveer mobiliario y operar los servicios del campamento, pero fueron excluidas de plano.

El sindicato planteó una salida concreta: revisar la decisión de importar la ciudad modular y evaluar la posibilidad de que al menos una parte sustancial de los componentes sea provista por la industria nacional. «Hay centenares de PyMEs locales que están en condiciones de realizar las tareas», insistió Escobar.

La postura de ASIMRA abre una grieta en el discurso oficial sobre el desarrollo minero. Mientras desde el Gobierno nacional y provincial se promociona la llegada de inversiones extranjeras como sinónimo de progreso y empleo, el sindicato advierte que si esas inversiones no arrastran consigo a la cadena de proveedores locales, el efecto multiplicador del empleo es mínimo.