«Hemos dicho hasta el cansancio que (Jorge) Sobisch no es sólo el nombre del exgobernador (de Neuquén) responsable del crimen de nuestro compañero Carlos Fuentealba; es la representación de un modelo político, económico, social y cultural que detesta a los pueblos originarios», expresó Guagliardo a través de sus redes sociales.

Asimismo, señaló que ese modelo «considera a los trabajadores del Estado en su conjunto como gasto, cree firmemente que existe una clase privilegiada que debe consolidar, sostener y acrecentar sus privilegios, y entiende a los recursos naturales como una oportunidad de jugosos negocios para los sectores del poder».

El dirigente sindical recordó que «Sobisch impulsó una reforma constitucional para asegurar su alianza estratégica con Repsol, limitar derechos sociales y sindicales, y afectar garantías de la pueblos originarios», y agregó que «los docentes, el pueblo mapuche y otros sectores sindicales y sociales se lo impidieron».

«Luego, profundizó su modelo represivo por su frustrado intento reformista y, a su vez, para fortalecer su posición de mano dura nacional para las elecciones presidenciales de 2007; sus socios eran Macri, Bullrich, Larreta, Burzaco y varios más de ese espacio», indicó Guagliardo.

En tanto, relató que «su nivel de utilización de la fuerza represiva del Estado escaló en brutalidad, hasta llegar al Operativo Arroyito y el crimen de Carlos (Fuentealba)».

«Es un preocupante déjà vu; hace 17 años era Neuquén, hoy es Jujuy, y el plan de gobierno es el mismo: represión, reforma constitucional, negar la representación sindical, confrontar con pueblos originarios, negociado con valiosos recursos naturales, colonización de la justicia, corrupción», expresó el gremialista.

Además, afirmó que «la lucha en las calles del pueblo jujeño hará retroceder las ambiciones monárquicas de (Gerardo) Morales».

«Todos debemos rechazar cualquier posibilidad de vuelta o implantación de este modelo a escala nacional», concluyó Guagliardo.

El maestro Carlos Fuentealba murió por el impacto en la cabeza de una granada de gas lacrimógeno disparada por el cabo José Darío Poblete -condenado a perpetua- el 4 de abril de 2007, durante una manifestación del sindicato docente sobre la ruta nacional 22, cerca del paraje Arroyito.

En marzo de este año, seis de los ocho policías acusados por la represión que derivó en el asesinato fueron declarados culpables de «abuso de autoridad» y «abuso de armas» por el Tribunal Penal de Neuquén.