Los docentes y gremios estatales de Rosario prometen ser punta de lanza en una pelea "escalonada" contra el gobierno de la provincia por la reapertura de la discusión salarial. En ese marco, el monto de las asignaciones familiares (112 pesos por hijo, congelados desde el 2010) aparece como el "límite de lo tolerable", ya que ubica a Santa Fe como una de las tres provincias que menos paga por ese ítem en todo el país. Con distintas medidas gremiales ya organizadas a partir de esta semana (ver aparte), los sindicatos le respondieron al gobernador Antonio Bonfatti, quien el viernes último descartó en forma tajante reabrir la discusión sobre sueldos antes del 2014. "Valen todos los argumentos, pero más vale la realidad: si al gobierno la plata no le alcanza para aumentar a los trabajadores, menos le alcanza al trabajador (disparó el secretario general de ATE, Gustavo Martínez), sobre todo si los porcentajes de aumento se aplican sobre salarios miserables".

Con la CTA, ATE y, desde las últimas elecciones gremiales, también Amsafé en la misma sintonía político-gremial, la estrategia será "coordinar acciones" para que Rosario sea (como por otro lado casi siempre ocurre) "punta de lanza de un plan de lucha escalonado" en la provincia, adelantó Martínez, convencido de que "no hay tiempo que perder" y "no se puede esperar a septiembre-octubre" para comenzarlo. Mucho menos aguardar hasta el año próximo.

El secretario general de Amsafé (también de CTA), Gustavo Terés, coincidió con el dirigente de los estatales. "Con todos los gremios agrupados en la CTA hemos empezado a conversar sobre una unidad de acción centrada en cuatro ejes: no al impuesto a las ganancias, aumento y universalización de las asignaciones familiares, contra la precarización laboral y por jubilaciones con el 82 por ciento móvil", puntualizó.

El salario familiar aparece como el núcleo más duro, capaz de aglutinar a sindicatos que no tienen tanta afinidad en otros aspectos.

El delegado de la seccional Rosario y miembro de la comisión directiva a nivel provincial de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Néstor Audero, también coincidió en que entre los temas que "están esperando" para tratar en la reapertura de su paritaria las asignaciones familiares figuran como "prioridad".

"La idea es hacer hincapié en eso, porque lo hemos planteado desde enero y hasta ahora no hay respuesta", dijo. A ese reclamo, que se traduciría en un aumento del salario de bolsillo, se sumarán planteos sobre las condiciones de trabajo y pase a planta de los contratados.

De todos modos, los líderes de ATE y Amsafé coincidieron en que además reclamarán un incremento salarial sobre el básico.

"Porque aunque un 25 o un 26 por ciento parezca un buen aumento, hay que recordar que se aplicó sobre sueldos miserables", aseguró Martínez, para recordar que "algunos sectores de la administración pública apenas llegan a 4.800 pesos, cuando la canasta familiar según el cálculo más modesto es de 7.900".

Aun así, a sabiendas de que lograr una elevación del básico podría ser más arduo, todos los dirigentes criticaron especialmente el atraso del salario familiar en la provincia, que con 112 pesos por hijo no llega ni a la cuarta parte de los 460 que reciben los trabajadores nacionales.

El planteo es que se "aumente" y "universalice" esa asignación. "En Santa Fe existe una política de pulverización del salario familiar", aseguró Terés, mientras que Martínez definió a esa situación como una "deuda histórica" que mantienen tanto Bonfatti como los intendentes de toda la provincia con sus empleados municipales.

Por eso el dirigente cuestionó que el gobierno se enorgullezca de haber cerrado el primer semestre del año con un superávit de 312 millones de pesos, "cuando ese ahorro habría permitido actualizar las asignaciones familiares a nada menos que 90 mil trabajadores".

El argumento no coincide con lo que ya dijo el propio Bonfatti: "Que estemos administrando los bienes públicos responsablemente es una cosa, que haya para tirar manteca al techo es una equivocación".

El gobernador recordó que este año los incrementos salariales insumieron 3.500 millones. "No estamos hablando de poco dinero", resaltó, para dejar en claro que esa suba (del 26 al 26,5 por ciento) estuvo "por encima de la inflación" y no se rediscutirá "hasta el año próximo".