Apuntan al “exigente parámetro” destinado a perfilar el nivel de los componentes que pueden ser nocivos "al consumirse en exceso”, según las organizaciones internacionales de salud. También al deterioro del sector industrial que podría significar la pérdida de puestos de trabajo de contraerse la venta de estos productos reconocidos como “poco saludables” por los expertos.

La propuesta, que ya comenzó su recorrido en la Cámara de Diputados, permitiría que la Argentina ingrese a la lista de países de la región que facilitan a los consumidores herramientas para distinguir entre alimentos procesados saludables y aquellos que, por sus altos niveles de grasas, sodio, azúcares o calorías –llamados “nutrientes críticos”-- pueden afectar la salud. Ante esta posibilidad, los portavoces de la industria “están militando para que no salga la ley”, sostienen desde las agencias de Naciones Unidas (OPS/OMS, FAO, Unicef). Se refieren a las publicaciones que en estos días sostienen que "si se aprueba la ley, más del 90 por ciento de los alimentos en góndolas" serían rotulados con un sello negro y se perjudicaría gravemente al sector. 

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“Esto es absolutamente falso”, sostiene ante Página/12 el consultor de Enfermedades No Transmisibles de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) en Argentina, Sebastián Laspiur. “Buscan confundir a la población, porque solo un 10 por ciento de los alimentos será alcanzado por esta reglamentación, de acuerdo al perfil de nutrientes de la OPS que marca, al igual que las Guías Alimentarias Argentinas, los niveles óptimos para limitar el consumo de productos envasados con altos contenidos de grasa, azúcares, o sal”, indica Laspiur. 

El sello negro advierte sobre el exceso de estos nutrientes críticos. Es un llamado de atención en favor de la salud. Pero según los personeros de la industria azucarera, los productores de galletitas y snacks, y de bebidas gaseosas, entre otros “ultraprocesados”, esto significaría el derrumbe de la oferta en góndolas de opciones que, a pesar de ser poco saludables, están muy publicitadas y resultan “atractivas” para los consumidores.

El proyecto podría ser tratado en sesiones extraordinarias en Diputados. Como las ordinarias se prorrogan hasta el 3 de enero, las extraordinarias serán desde el 4 de ese mes hasta el 28 de febrero. En ese periodo, tanto el poder Ejecutivo como las organizaciones internacionales y de profesionales que lo sostienen, promueven su tratamiento buscando generar opciones saludables para los consumidores. Y contra eso batalla un sector de la industria que pretende mantener en góndolas un estándar de productos con altos niveles de nutrientes críticos.

“Las guías alimentarias no recomiendan niveles excesivos de estos nutrientes porque se toma en cuenta que 140.000 personas mueren por año en Argentina, a causa de enfermedades ocasionadas por el alto consumo de estos componentes”, señala Laspiur. Diabetes, hipertensión arterial, glucemia elevada, enfermedades cardíacas, cerebrales y renales, diversos tipos de cánceres y ACV, entre otras afecciones, se suman al sobrepeso y a la obesidad, en el cuadro de trastornos clínicos derivados de estos excesos.

El proyecto pretende un entorno saludable para prevenir este cuadro de afecciones en la población, desde la infancia y la adolescencia. A esos segmentos etarios se destinan las publicidades de los ultraprocesados. Y sobre esos productos se alza gran parte de la economía de las provincias azucareras como Tucumán o La Rioja. Por estos días, desde allí se presiona a los legisladores "para frenan la ley”, confían fuentes legislativas.

“Dentro de la oferta de alimentos, el etiquetado no alcanzaría a más del 10 por ciento de los productos disponibles. ¡Solo el 10 por ciento!”, enfatiza Laspiur. Aunque la versión que comenzó exhibir la industria, amenaza con que “esta ley de etiquetado”, de concretarse “desalentará el consumo de más del 90 por ciento de los alimentos envasados”. Sus voceros, presentados como “nutricionistas” se esfuerzan por enmascarar una verdad demostrada: el perfil de nutrientes de la OPS que indica, “sin intereses comerciales de la industria alimentaria de por medio”, cuáles son los niveles óptimos y saludables de estos nutrientes que deben tener los alimentos.

Se esgrime que estos criterios “merecen una reconsideración”, y eso podría frenan la ley. Concretamente “un 90 por ciento de los alimentos que consumimos aparecerían desalentados con algún sello negro, o con varios”, disparan, alarmistas, para atemorizar al mercado y al consumidor. Laspiur explica que “el perfil de nutrientes de la OPS es un instrumento desarrollado a pedido de los países de la región para establecer qué productos con excesivo contenido de azúcares, grasas o sodio deben llevar una advertencia. De esa manera se ayuda a la población a elegir con libertad, y a protegerse contra los principales factores de riesgo que perjudican su salud y desarrollo”.

La exigencia de estos parámetros es un indicador en favor de salud, pero no determina la reglamentación en forma integral. La educación alimentaria, la protección de entornos educativos saludables, y el compromiso con pautas publicitarias que actúen en sintonía, complementan la propuesta legislativa. Algo que el poder Ejecutivo promueve desde la CONAL (Comisión Nacional de Alimentos), donde Salud, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca --los ministerios que interactúan allí con las provincias--, han comprometido su voluntad por discutir un proyecto de etiquetado. Y esto podría materializarse, más allá de la ley.

De hecho, de implementarse la ley, no necesariamente se aplicarían los niveles que determinan las Guías Alimentarias y la OPS, ya que son “niveles orientativos”, explican desde el Ejecutivo. “Además, la industria siempre es reacia a las reglamentaciones”, deslizan. La posibilidad de que el etiquetado de alimentos pueda ocasionar despidos masivos “es otro mito”, sostiene Laspiur. “Cuando se discutió la ley de tabaco fue igual –recuerda el consultor--, y no hubo despidos masivos entonces, y tampoco los habrá con esta ley, la industria se adapta, los hábitos de consumo se reconvierten”, define.

El objetivo es lograr una combinación armoniosa entre alimentación saludable y comercio responsable. Esto promueve tanto el Ejecutivo como las organizaciones internacionales que han participado en las jornadas informativas en Diputados. Cuentan con el aval de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición. Y el respaldo de otras entidades de la sociedad civil como el colectivo ACELGA (Asociación de Cocineros y Empresarios Ligados a la Gastronomía Argentina), que agrupa nombres famosos del medio, entre ellos Narda Lepes, Donato De Santis o Germán Martitegui. Desde estas instancias se promueve que en 2021, pueda entrar en vigencia la ley.