Al cabo del encuentro, el Frente Estatal anunció que el ministro de Hacienda, Ricardo Pierazzoli dijo que la provincia se ajusta a la pauta nacional del 28,1% de recomposición salarial “que ya aceptó UPCN”, precisando que al 22% otorgado en marzo se le pretende sumar un 5% acumulativo que se transformará finalmente en un 6,1% de incremento para el segundo semestre del año.

Señaló que ese incremento incidiría en el aguinaldo próximo a liquidarse y propuso también que en agosto se vuelvan a sentar a discutir el piso salarial de los estatales jujeños.

La central sindical sostuvo que con la propuesta del Gobierno, por ejemplo, un trabajador que cobra 6000 pesos, pasará a cobrar 6300, lo cual fue considerado “absolutamente insuficiente” por los gremios y pone en evidencia “una política de injusticia y desigualdad para los trabajadores que cobran menos”.

Pierazzoli le pidió al Frente Estatal que haga una contrapropuesta, pero dijo que cualquier incremento estará supeditado a las decisiones que en este sentido se tomen a nivel nacional.

El Frente, por tal motivo, se reunirá este miércoles, a las 17, en ATSA, a fin de considerar la “propuesta poco seria del gobierno y formular un pedido de recomposición salarial digna”.

En la reunión, los funcionarios entregaron copias de tres proyectos de ley que fueron presentados en la Legislatura sobre el tema de desprecarización y condiciones para la estabilidad del trabajador público. En tal sentido, quedaron dudas sobre los tiempos en que se llevarán a cabo los procedimientos para desprecarizar a los trabajadores, más allá de que una de las iniciativas contempla que los gremios pasen a integrar una unidad de control que verifique el cumplimiento de este plan.

Por lo pronto, una comisión técnica integrada por funcionarios del Ejecutivo y por los intendentes y comisionados municipales, se reunirá el jueves para trabajar sobre la desprecarización, mientras que las reuniones con los gremios municipales, a pedido de Carlos Santillán (SEOM), se realizarán a partir de la próxima semana.

Santillán solicitó que se empiece a dar respuestas inmediatas en aquellos municipios donde hay buena predisposición para regularizar la situación de los trabajadores, porque si se continúa dilatando las soluciones, sin lugar a dudas, los precarizados junto al Frente volverán a entrar en medidas de fuerza.

El ministro de Gobierno, Alberto Matuk, aseguró a los presentes que los proyectos no son cerrados y que están sujetos a los aportes gremiales, cuestión que –dijo- estará garantizada en el marco del tratamiento legislativo de los mismos.

Con respecto al blanqueo, el director de Personal, Andrés Eleit, señaló que ya hay un relevamiento realizado de los trabajadores dependientes de los ministerios, pero que falta definir el listado de los empleados municipales y para ello serán necesarias algunas otras reuniones. Santillán dijo que el gobierno ya cuenta con el relevamiento realizado por el SEOM, donde figuran los compañeros municipales que “efectivamente trabajan” y no los “ñoquis políticos”.

Con relación a las asignaciones familiares, el gobierno presentó una propuesta para adecuar las mismas en forma escalonada (con incrementos de entre el 30 y el 40%), pero sólo serán beneficiados los conceptos que se cobran por hijo y por hijo discapacitado. Nacimiento, adopción y matrimonio no vienen con aumento.

Según el Frente, el Gobierno tampoco llevó a la reunión un plan para asegurar el cobro igualitario de las asignaciones familiares de los trabajadores jornalizados y capacitadores, ya que éstos están sometidos en la provincia y en los municipios a un “régimen vil de proporcionalidad”: por ejemplo, jornalizados de 4 horas, cobran apenas 90 pesos por hijo, cuando trabajadores de planta permanente están cobrando 320 pesos por cada hijo. El secretario de Egresos Públicos, Miguel Lasquera, admitió que “hay conceptos que no son liquidados por los municipios”, una denuncia que el SEOM viene realizando hace varios meses.

Por otra parte, los estatales llevaron la propuesta de suspender las jubilaciones compulsivas “puesto que no está garantizado un blanqueo adecuado para los trabajadores, ya que uno de los últimos decretos del Ejecutivo estipula blanquear los últimos 5 años, y no los últimos 10, que es la cantidad que toma la Anses para promediar cuánto será la jubilación de cada agente”.

Pierazzoli dijo que no hay posibilidad de discutir sobre los plazos estipulados en el decreto de blanqueo, ya que esto fue aceptado “por otro sector de trabajadores”. Por ello, el Frente Estatal iniciaría una campaña en contra de la jubilación compulsiva que –sin dudas- “no le garantizará ingresos dignos a los nuevos pasivos jujeños”, señalaron fuentes sindicales. Además, el ministro de Hacienda informó que el blanqueo no implicará una mejora adicional en el salario.

Reclamos sectoriales

Docentes, viales, municipales, trabajadores de la sanidad, cada uno por su lado, presentaron innumerables reclamos, actas incumplidas y compromisos de los funcionarios que no se concretaron. En este sentido exigieron que se resuelvan problemas como la falta de máquinas en Vialidad, la corrupción en el SAME y en el hospital Materno Infantil, el pago de planillas complementarias para los docentes medios y superiores, o la falta de pago desde enero a los docentes encargados de las redes informáticas.

Pierazzoli se comprometió a concretar una reunión entre los gremios docentes y autoridades educativas para este miércoles a primera hora, a fin de tratar los reclamos puntuales de los docentes.