La estrategia del Gobierno nacional para impedir la actividad gremial en el Hospital Garrahan sufrió un duro traspié en Tribunales: el Juzgado Nacional de Primera Instancia N° 32 dictó una medida cautelar que ordena suspender «de inmediato» los sumarios administrativos que, de manera masiva, la dirección del centro de salud pediátrico había abierto contra trabajadores que impulsaron o participaron de medidas sindicales.

Los sumarios abiertos por Mariano Pirozzo, el interventor designado por el Gobierno nacional en el hospital, y el Consejo de Administración pretendía ser el paso previo para el despido justificado de 11 trabajadores y la suspensión de otros 29.

Sin embargo, la Justicia dio lugar al amparo presentado originalmente por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), con la adhesión posterior de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el hospital. La resolución del juzgado abarca “todos los alcanzados por la persecución”.

Adorni y Lugones, mencionados en el fallo

El dictamen judicial es fuertemente crítico respecto al accionar oficial ante los sindicalistas. Entre sus puntos principales, reconoce que existió un cuadro de «persecución y hostigamiento» contra delegados y referentes gremiales por el solo hecho de ejercer su derecho a la protesta.

Uno de los argumentos más fuertes del fallo apunta directamente a la cúpula del Ejecutivo: señaló que tanto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como el ministro de Salud, Mario Lugones, «anticiparon las sanciones» antes de que concluyera el proceso administrativo.

Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan.

Al anunciar despidos de antemano, según la Justicia, el Gobierno «vulneró garantías constitucionales básicas, dejando en evidencia que las sanciones fueron una decisión política y no un proceso jurídico transparente”.

También se advierte que que el accionar del hospital «busca coartar el derecho de los trabajadores a organizarse y reclamar mejoras salariales».

Nuevo abrazo al Hospital Garrahan

Desde APyT y ATE Garrahan consideraron que el fallo surge como un triunfo de la «gran huelga» que logró conquistar un 61% de recomposición salarial en 2025 para que los trabajadores del hospital recuperaran gran parte de lo que habían perdido contra la inflación.

Esa medida de fuerza, que incluyó la ocupación de oficinas de personal del Consejo de Administración -en un contexto en el que sus integrantes se ausentaban sistemáticamente de las reuniones oficialmente convocadas para negociar-, fue la que desencadenó, según denuncian, la represalia del Gobierno.

Pese al éxito judicial, las organizaciones mantienen el estado de alerta para lograr la anulación definitiva de los expedientes. En ese marco, ratificaron la convocatoria a un nuevo «Abrazo al Garrahan» para este jueves 26 a las 13.

Varios temas sin resolver

«Debemos redoblar la lucha para terminar definitivamente con este ataque. La medida cautelar es un paso clave, pero la movilización debe ser masiva para confirmar este freno a la criminalización de la protesta», señalaron referentes de la pelea sanitaria que comenzó desde el mismo 10 de diciembre de 2023 en que Javier Milei asumió la presidencia y el Gobierno nacional comenzó con un proceso de ajuste presupuestario inédito en el hospital.

Por otro lado, recordaron que, al margen del tema de los sumarios, aún hay una importante cantidad de situaciones conflictivas que no han tenido ninguna respuesta de las autoridades, incluyendo el incumplimiento de la Ley de Emergencia Pediátrica.

“Precarizaron mediante a extorsiones a 70 profesionales y técnicos, que fueron pasados arbitrariamente al monotributo, sin aguinaldo ni cobertura de riesgos de trabajo», detalló, por caso, Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan.

«Las renuncias que denunciamos en 2025 no fueron cubiertas con ingreso de personal. Tampoco las jubilaciones. La sobrecarga de trabajo es moneda corriente», agregó el líder gremial.

«Como si todo esto fuera poco, la gestión de Mariano Pirozzo oculta ilegalmente las resoluciones de gestión, manejando recursos millonarios en forma opaca y discrecional. Además, la Ley de Emergencia Pediátrica sigue sin cumplirse”, acusó.