La Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda –OSPMA- denunció que la Superintendencia de Servicios de Salud del Gobierno Nacional inició un proceso administrativo para darla de baja, alegando supuesta insolvencia. La prestadora cuenta con 4.891 afiliados, y según el Poder Ejecutivo, quedó en la mira por estar por debajo del umbral de los 10.000 beneficiarios que el oficialismo considera “viables”, en el marco de su política de concentración del sistema de salud sindical.

“Desde que asumió este Gobierno hace casi dos años, se vienen desarrollado políticas perjudiciales para las Obras Sociales chicas.  Las primeras en la mira de este accionar fuimos las Obras Sociales menos robustas financieramente, a las que ya el año pasado, el Gobierno, con la modificación del cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA) nos había quitado numerosos recursos operativos”, detallaron.

OSPMA emitió un enérgico comunicado este lunes en el que apunta contra la acusación, asegurando que no solo cumple con todas las prestaciones establecidas por el Programa Médico Obligatorio –PMO-, sino que además no posee deudas con proveedores, ni salarios adeudados, ni observaciones administrativas por parte del organismo de control. La medida —según se desprende del comunicado emitido por la obra social— habría sido impulsada por el simple hecho de no responder a tiempo una notificación burocrática, lo cual es presentado como excusa para una decisión por demás contundente: su clausura.

El caso es de una profunda gravedad institucional. Se trata de una obra social gestionada por los propios trabajadores, sin tercerización ni vínculos con empresas prestadoras privadas, lo que la convierte en blanco fácil de un Gobierno que busca debilitar el sistema solidario y avanzar hacia un modelo de salud mercantilizado: “Una casualidad: nuestra Obra Social no se encuentra tercerizada, está administrada directamente por los trabajadores, por eso no hay ninguna empresa con poder de lobby defendiendo su negocio. La nuestra es una Obra Social de los trabajadores, manejada por los trabajadores y que le da servicio a los trabajadores. En este contexto, resulta alarmante que el Estado intente dejar sin cobertura a casi 5.000 personas, muchas de ellas bajo tratamientos de alta complejidad como VIH, oncológicos, diabetes y hemofilia, en medio de internaciones en curso y cirugías programadas”, denuncian desde la obra social.

Desde OSPMA ya adelantaron que llevarán el caso a la Justicia y convocarán a asambleas en todos los lugares de trabajo.

La conducción del gremio municipal de Avellaneda no descarta movilizarse en defensa del derecho a la salud de sus afiliados, mientras crece la expectativa por una posible reacción de la CGT, de la cual el gremio forma parte.

En este escenario, será responsabilidad del movimiento obrero organizado mostrar una actitud unificada y sólida. De persistir la fragmentación o el repliegue, los resultados podrían ser catastróficos no solo para las obras sociales sindicales, sino también para la salud de millones de trabajadores y sus familias. El caso OSPMA vuelve a ser un punto de inflexión.