Por: Felipe Osman.

El Congreso del Partido Justicialista cordobés a celebrarse el tres de noviembre, que devino luego en plenario del oficialismo provincial en su conjunto y se adelantó para esta tarde, ha activado todas las terminales PJ y propiciado que cada uno de los sectores que juegan dentro (y no tan dentro) del esquema de Hacemos por Córdoba levanten la guardia, y empiecen a pensar en su futuro dentro de la coalición de gobierno.

Mientras en el centro de la escena las charlas de café se ocupan, casi con exclusividad, de quién será el compañero de fórmula de Martín Llaryora para pelear la continuidad del oficialismo en el Centro Cívico, entre los asuntos “secundarios” se empieza también a hablar de la conformación de las listas. Y ahí, el sindicalismo pide la palabra.

Es que el armado de las listas para el 2023 será especialmente complicado por diferentes razones. Primero, porque según se presenta el escenario, el oficialismo no repetirá su performance record de 2019 (57 por ciento de los votos a nivel provincial), para la cual debieron alinearse demasiadas circunstancias.

En esa ocasión, los legisladores por distrito de Schiaretti se impusieron en 25 de los 26 departamentos. Lo hicieron, en gran medida, gracias a la ruptura de la oposición. Algo que difícilmente suceda el año próximo. Se trataba, además, de un peronismo alineado por completo detrás del gobernador, que ni siquiera tuvo que competir con una lista K, que fue bajada telefónicamente desde un Instituto Patria que guardaba entonces  esperanzas de conseguir el apoyo de PJ cordobés para las presidenciales. 

Esas circunstancias no se repetirán. El candidato no será Schiaretti. Juntos por el Cambio difícilmente se divida, y si lo hiciera, se trataría de desprendimientos menores. Y el Frente de Todos está doblemente obligado a jugar para que los partidos que lo integran no pierdan su personería partidaria y para sustentar las presuntas expectativas reelectorales de Alberto Fernández. En suma, habrá mucho menos para repartir.

Pero eso no es todo. Desde cada sector del peronismo, cuando se habla del armado de las listas, se escucha la misma observación: “a Llaryora no le va a sobrar nada, nos necesita a todos”. Y el gremialismo no es la excepción.

En ese contexto, los distintos espacios en los que hoy se encuentra fraccionado salen a disputar centralidad en la agenda y a reclamar estar presentes en la consideración de quienes terminen haciendo el punteo final.

José Pihen, desplazado de la conducción de la CGT Regional por la comisión normalizadora/intervención, intenta sostener la masa crítica que le aportan los gremios que lo siguieron, organizados alrededor del Movimiento Obrero Peronista. Desde ahí, la semana pasada lanzó un comunicado oponiéndose a los proyectos legislativos que proponen limitar las manifestaciones en la vía pública, jugando a fijar una posición que el resto de los espacios gremiales difícilmente puedan esquivar, y manteniendo encendida la llama de la “CGT del Cordobazo”.

Las 62 Organizaciones Peronistas, en tanto, ya reclamaron públicamente representación en las listas legislativas y la semana pasada celebraron una reunión para delinear los últimos detalles del lanzamiento de una nueva delegación en Punilla, donde jugaron un papel destacado en la última interna peronista aportando a la conquista del PJ carlospacense.

Ahora, Emiliano Gramajo también sumó su voz al coro. Recientemente electo como secretario general de la delegación cordobesa de la CATT (Confederación Argentina del Trabajadores del Transporte) y activo en la normalización de la CGT Regional, el líder de Aoita reclamó “mayor participación en la política”. No debe sorprender. Muchos leen la pelea por la intervención/normalización de la regional cordobesa como una disputa de poder para asegurar lugares en las listas legislativas que alumbre la renovación peronista.

En un contexto inflacionario en el que los sindicatos ganan protagonismo, y en un escenario electoral en el que el peronismo no puede resignar el apoyo de ningún sector, el armado de las listas deberá hacerse con precisión para limitar la cantidad de “heridos” y prevenir que los sindicatos lleven sus apoyos a otro lado en tiempos de campaña y durante el posterior diseño de las estructuras de fiscalización.