Varios gremios estatales, principalmente los que integran la Mesa de Unidad Sindical, pusieron la voz de alerta en la tardanza que se está produciendo en la firma del decreto que nombrará a los representantes gremiales en la comisión de seguimiento que llevaría al final de la intervención en la Caja de Servicios Sociales. Asimismo, fuentes oficiales reconocieron que este instrumento aún no ha sido concretado y adujeron que se debe a la posible incorporación de otras organizaciones gremiales que pretenden incorporarse a esta iniciativa, tales como la Federación de Trabajadores Municipales (FETRAM) y la Asociación Provincial de la Administración Pública (APAP).

En este contexto, algunos gremios cuestionaron la demora y la adjudicaron a presuntas intenciones del Gobierno de dilatar este proyecto, que promete principalmente investigar a fondo el accionar de los interventores y los verdaderos destinos de los aportes de la totalidad de los empleados públicos provinciales y municipales de Santa Cruz. Cabe destacar que el apuro de los gremios alrededor de esta Comisión Técnica radica en la inminente necesidad de comenzar a trabajar apenas esté dictado el decreto reglamentario de su designación, “necesitamos contar con la información que nos permita conocer el estado real del ente y de allí comenzar con las distintas estrategias que tengan que ver con la resolución de los graves problemas que está teniendo la Caja. Obviamente, nuestro interés, como dueños legítimos que somos de la obra social, es resolver rápidamente este tema”, decía en su momento Alfonso Lobos, dirigente del gremio de judiciales. La importancia de este proceso está signada en ser una instancia previa necesaria para iniciar luego el proceso de normalización.

Cuestionamientos

Incluso en una nota publicada por El Ciudadano de Las Heras, referentes del mismo sindicato advierten sobre la situación de la obra social estatal, ya que “se ha privilegiado el enriquecimiento ilícito y la malversación de fondos de funcionarios políticos, y esto es fácil de demostrar. El caso del contador Robles (ex ministro de Economía y actual asesor de un legislador nacional por Santa Cruz) y la grosera malversación de fondos que llevó adelante en la CSS, fue debidamente denunciado ante la Justicia, y hoy los empleados que deberían tener sus merecidos beneficios, son dueños de una deuda millonaria”. Reconocen allí que “se le ha planteado al gobernador la necesidad de bajar la intervención de la CSS, encabezada por José Vera, y conformar un nuevo esquema de gestión que contemple representantes de los trabajadores activos y representantes del Ejecutivo (Ley 1.752), pero le hemos pedido a Peralta que se modifique la representatividad política, ya que los dos representantes del Ejecutivo le aseguran los votos en la decisiones de fondo y queremos más equidad en este aspecto”.

Manifiestan más adelante que “para 2013 la Mesa de Unidad Sindical trabajará con una posición común de los gremios que la integran, básicamente en la mejora de la pauta salarial que ha tenido aumento cero, pago de deuda histórica y la recuperación de la CSS, el cese de la interna política entre legisladores y Ejecutivo, que ha generado este tironeo innecesario que tanto preocupa a la sociedad. Somos concientes que hemos sido reconocidos como oposición ante la ausencia de esta en el debate de las cuestiones que nos unen”.