La situación reconoce dos realidades que por ahora conviven en un conflicto de relativa intensidad, pero que puede crecer. El gobernador Jorge Sapag considera -lo dijo este jueves- que la paz social está “garantizada” en la provincia, y que los conflictos se amplifican mediáticamente, no en lo que se considera oficialmente realidad. Del otro lado del mostrador, los gremialistas se juramentan en meter una mayor presión a través de medidas de fuerza, en las que el corte o bloqueo de rutas y puentes siempre está latente como posibilidad.

Esta vía no puede descartarse, obviamente. Más, si se tiene en cuenta que los dirigentes Marcelo Guagliardo y Daniel Huth fueron prácticamente avalados por el fiscal Adrián García Lois, quien en el juicio que se les hizo -este jueves fue la audiencia- justificó ese tipo de medidas como “exculpantes” por el argumento utilizado para su ejecución. El fiscal pidió la absolución, corroborando la posición de los gremios de que la “protesta social” no puede ser judicializada.

Sapag también confirmó, este jueves, que no litigiará contra el gobierno nacional por la coparticipación federal. A diferencia de lo que hizo ya el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Descarta también cualquier tipo de auxilio extra para gastos corrientes de la Provincia. Su mayor expectativa coyuntural es conseguir el aval para el endeudamiento en títulos y letras, para lo que necesita el permiso del gobierno nacional. Sobre ese punto Sapag tiene, advirtió, una visión “positiva” de lo que eventualmente ocurrirá.

“Estamos trabajando y en contacto permanente con el ministro de Economía, con el Jefe de Gabinete y seguramente en breve tendremos una reunión con la Presidenta de la Nación”, dijo Sapag.