Mariano Spezzapria

El peronismo está impactado, cuando no desorientado, por la avanzada de Javier Milei. La mayoría de sus dirigentes no alcanza a comprender cómo un presidente que no está ni cerca de tener mayorías parlamentarias y que tampoco cuenta con el apoyo de gobernadores propios, puede estar provocando semejante terremoto reformista en una dirección contraria a la que transitó el PJ en las últimas décadas. Por eso se multiplican las reuniones a puertas cerradas en las que, después de hacer una catarsis por el último fracaso gubernamental, pasan a la búsqueda de alguna fórmula que les permita definir su rol como principal fuerza opositora.

Según pudo saber LA NACION, una propuesta coincidente que surge en esos encuentros es la de armar una “mesa de debate” integrada por gobernadores, legisladores y sindicalistas en la que se alcancen acuerdos sobre “cómo encarar este proceso” que se abrió en el país con el encumbramiento de un outsider del sistema político en la Casa Rosada. Sería una suerte de conducción colegiada bajo la tutela organizativa de la CGT, cuya cúpula se movió rápido en las últimas semanas al presentar recursos de amparo contra el capítulo de reforma laboral que incluye el DNU del gobierno e incluso convocó a un paro general para el 24 de enero.

Paradójicamente, la apertura de estas conversaciones reservadas ya presentó algunas objeciones a la decisión de la central obrera de avanzar con una huelga nacional a solo un mes y medio del inicio de la administración libertaria. “El paro general es la medida final, no puede ser la inicial”, escucharon los miembros de la mesa chica de la CGT de boca de Sergio Massa, a quien invitaron a un asado durante la semana para pedirle que se sume a la reorganización del peronismo. A partir de ese momento empezó a circular el rumor de que el paro podría ser postergado para darle paso a una movilización al Congreso el día que la ley ómnibus se trate en el recinto.

El encuentro entre Massa y los jefes cegetistas fue el jueves pasado en el Sindicato del Seguro, que lidera Jorge Sola. La relación entre el excandidato presidencial y el vocero de la central obrera es óptima, a tal punto que el sindicalista hubiera sido ministro de Trabajo si el tigrense lograba derrotar a Milei en el balotaje. A la mesa se sentaron dirigentes del peso de Andrés Rodríguez (UPCN), Pablo Moyano (Camioneros), José Luis Lingieri (Obras Sanitarias) y Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), además del triunviro de la CGT Héctor Daer (Sanidad). Durante cuatro horas repasaron la agitada coyuntura económica y política.

Tras el análisis y el diagnóstico compartidos, los jerarcas de la CGT fueron al grano: le plantearon a Massa la necesidad de que se sume a una mesa federal peronista a la que piensan convocar en el último fin de semana de enero con los gobernadores del PJ, los bloques legislativos de UP y referentes del espacio como el propio exministro de Economía y líder del Frente Renovador, dado que obtuvo 11,5 millones de votos en la segunda vuelta presidencial. De acuerdo a las fuentes consultadas, Massa no rechazó el convite pero les aclaró a los gremialistas que no está “en una etapa para liderar, sino para acompañar” lo que se defina en conjunto.

La nueva etapa de Massa incluye un inexplorado perfil bajo. Fue él mismo quien pidió a los cegetistas que la reunión fuera reservada y que no hubiera foto al cabo de la misma, algo impensado hasta noviembre pasado. Salvo algunas esporádicas apariciones en las redes sociales, el mismo perfil bajo adoptó Cristina Kirchner, quien no amaga con ocupar el lugar que dejó vacío Alberto Fernández en el PJ, que no cabe esperar que la ejerza desde su propia versión de Puerta de Hierro en Madrid. Por eso la CGT propone establecer una conducción más amplia, en la que tendrá un lugar asegurado Axel Kicillof como parte del staff de gobernadores.

La aceleración que Milei le impuso a la desregulación económica obliga al peronismo a ponerse firme en dos planos, el legislativo y el callejero. La CGT ya mostró credenciales con la marcha que convocó hacia el palacio de tribunales, sede de la Corte Suprema de Justicia, para reclamar la inconstitucionalidad del DNU presidencial, y de paso le marcó la cancha a las agrupaciones de izquierda que se habían movilizado a la Plaza de Mayo el día del debut del protocolo antipiquetes, cuando comenzaron a presionar para que se llamara a una huelga general. En el Congreso, en tanto, los diputados y senadores de UP lucen a la defensiva.

Reunión del bloque de diputados de UP, con Germán Martínez a la cabeza

De hecho, primero la vicepresidenta Victoria Villarruel y luego el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, avanzaron con la integración de comisiones con mayoría de libertarios y aliados, lo que relegó a UP justo en la antesala del tratamiento de la ley ómnibus, que comenzará la semana próxima en un plenario de la Cámara baja. En el Congreso, el peronismo afronta el desafío de romper el aislamiento que le propinan los bloques no kirchneristas, que solo le dejan como potenciales aliados a los diputados de izquierda. Con experiencia como presidente de Diputados, Massa advierte que “el chico (por Menem) afecta lo más importante que tiene, que es el equilibrio de un cuerpo colegiado”.

De ahí que el peronismo -en su modelo siglo XXI que se aglutina en UP- vislumbre una “convivencia cotidiana muy complicada” con los libertarios y sus aliados en los próximos meses. Aunque hay una señal positiva para el kirchnerismo, de la que se habla poco y nada en las reuniones de los compañeros: la nula referencia de Milei y sus ministros a los actos de corrupción en el período 2003-2015 o lo que va más allá, la utilización del término “guerra judicial” -como si fuera un sinónimo del lawfare- por parte del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En ese punto, el peronismo parece más complacido que aquellos que integraron lo que alguna vez se llamó Juntos por el Cambio.

En las reuniones como la que la mesa chica de la CGT mantuvo con Massa días atrás surge, con todo, la necesidad de plantarse como una oposición directa a Milei, sobre la base de considerar que su política económica provocará “un daño enorme a la clase media trabajadora” y que sus aliados más visibles -el expresidente Mauricio Macri, la ministra Patricia Bullrich e incluso algunos gobernadores de la UCR- quedarían librados a la suerte que pueda correr el libertario en el ejercicio del poder político, es decir, dentro de lo que descalifica como la casta. Lo que está por verse es si el peronismo consigue mantenerse unido o si, por el contrario, iniciará una lucha de facciones por su próximo liderazgo.