El INTA sale a la calle afectada por el ajuste presupuestario

El INTA sale a la calle afectada por el ajuste presupuestario

La reducción presupuestaria prevista para el INTA pone en riesgo unos 700 puestos de trabajo y la continuidad de proyectos en curso en todo el país. Los empleados de la institución se movilizan para reclamar que se revea la medida.

El proyecto de Ley de Presupuesto para el año que viene ha generado preocupación en todo el sector científico y tecnológico desde que el Poder Ejecutivo lo dio a conocer. Entre ellos se encuentran los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agraria (INTA), ya que de continuar la previsión presupuestaria tal como fue presentada en el Congreso, representará una reducción de 1.140 millones de pesos con respecto a lo requerido por la institución para el año próximo.

“El sistema de ciencia y tecnología es muy sensible. Una medida de recorte tiene un impacto fuerte en el desarrollo de líneas que lleva años volver a reconstruir. Esto no solo pasa en el INTA, sino también en el CONICET y las universidades, y es muy preocupante”, le dijo a TSS el ingeniero agrónomo Diego Castro, coordinador de un Proyecto Regional con Enfoque Territorial (PRET) que abarca el periurbano norte del área metropolitana de Buenos Aires, durante la Jornada Nacional del INTA en la calle, el 11 de octubre pasado. La movilización, impulsada por la Asociación del Personal del INTA (APINTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), convocó a más de 2.500 técnicos, investigadores y empleados de la institución en todo el país.

“En Córdoba, nos reunimos dos seccionales, la de Manfredi, que eran alrededor de 50 personas, entre ellas el director de la unidad, y nuestro instituto, que éramos algunos menos”, dijo Eva Cafrune, coordinadora de un Proyecto Integrador de Cultivos industriales en el Instituto de Patología Vegetal delINTA y secretaria de APINTA en la seccional Córdoba. Según Cafrune, uno de los puntos de mayor impacto del recorte presupuestario es el Inciso 1, sobre el pago de sueldos, “en el que hay un déficit del 4 % de fondos para financiar el salario tal como está hoy, sin incluir paritarias para el año próximo ni considerar la inflación”.

Su colega Ángel Cataldi, coordinador de Biotecnología Animal y delegado gremial de ATE en el INTACastelar, detalla que la partida 1, que incluye salarios en puestos de planta no permanente, becas y contratos, “disminuye en 218 millones de pesos, lo que representa alrededor de 700 puestos de trabajo, de los 7.400 que somos”. Además, agrega que la conducción de la institución “solicitó un presupuesto de 6.900 millones de pesos y el Gobierno devolvió uno reducido en 1.140 millones de pesos, lo cual hace que sea solamente el 17 % más que el año pasado, que implica una rebaja si se tiene en cuenta la inflación”.

El presupuesto “tendría que haber aumentado de 32 a 38 %, por la devaluación y el convenio colectivo”, sostuvo Castro, y destaca que por tal reducción hay 300 contratados y otros 330 empleados del personal de planta transitoria que ven en riesgo su puesto laboral. Además, “hay 340 becarios que elINTA forma como profesionales que después incorpora, que no entrarían con este presupuesto y quedarían en una situación de becarios permanentes”.

“Algunos dicen que el INTA esta superpoblado de trabajadores, pero faltan técnicos en el territorio”, advirtió el investigador Gonzalo Roqueiro, delegado de ATE de la Experimental de INTA Regional Cuyo, y ejemplifica: “En los últimos años se abrieron cuatro agencias del INTA en San Juan, en zonas alejadas de las ciudades, en las cuales hay una o dos personas para atender la demanda de toda el área que cubre la agencia”.

Roqueiro, que es doctor en Biología, también se refirió al impacto de esta reducción en los centros de investigación de la institución. Y puso como ejemplo un trabajo conjunto con el SENASA en la región de Cuyo, donde desde el año 2011 trabajan para combatir una plaga que afecta a los cultivos de vid, la principal producción en la zona. “Tanto el SENASA como el INTA tienen comprometidos el presupuesto 2017 y discontinuar este programa tendría un impacto terrible en el territorio”, sostuvo.

Otro de los puntos en discusión es “el que se refiere a bienes inventariables, más que nada a la movilidad: se hablaba de que hacían falta 80 millones de pesos pero el presupuesto solo destina 500.000 pesos”, detalla Cafrune. “Sin vehículos no podemos salir al territorio ni articular acciones con la comunidad agrícola”, coincidió Roqueiro y advirtió que ese monto asignado “significaría que para todo el INTA se va a poder comprar una camioneta”.

Otra preocupación la genera el riesgo de perder autarquía para la designación de recursos humanos en ciencia y tecnología, algo que podría ocurrir de acuerdo a los artículos 6° y 7° del proyecto de Ley de Presupuesto 2017 elevado a la Cámara de Diputados. Esto significa que “las vacantes que se generen a partir de renuncias, muertes o jubilaciones, que ya están financiadas y que normalmente cubre el INTAcuando las dispone, ahora pasarían a la Jefatura de Gabinete, que podría reasignarlas adonde considere que hace falta, es decir, que podrían volver al INTA o no”, explicó Cafrune. Y agregó que, además, están cerca de jubilarse 500 personas de apoyo técnico: “No poder disponer de esas vacantes significaría una reducción esos puestos y no reponerlos desabastecería el trabajo de campo”.

“Es un retroceso, porque puede haber modificaciones presupuestarias y fortalecimiento de partidas, pero cada organismo va a quedar limitado a la posibilidad de seguir estructurando y fortaleciendo grupos de investigación”, dijo el técnico del CONICET Juan Manuel Sueiro, secretario general adjunto deATE Capital, y explicó que esta medida excede al INTA, puesto que así quedaría eliminada la excepción que hasta ahora tienen los organismos de ciencia y tecnología que, “amparados en la Ley 25.467 que establece el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, quedaban exceptuados de un requerimiento burocrático en torno a la designación de personal: cada organismo podía lanzar convocatorias de ingreso a carrera de investigador, becas y diferentes actividades características de cada organismo”.

Entre la gestión y la política pública

“Estamos preocupados por el impacto que esto pueda tener en los procesos territoriales, muchos de los cuales se han iniciado con el fortalecimiento de organizaciones, el acceso a infraestructura básica de comunidades indígenas, asociaciones de pequeños productores del noroeste y particularmente de la provincia de Jujuy”, dijo el técnico Juan Pablo Zamora, que integra el equipo técnico de Agua y Desarrollo Rural del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF) Región NOA.

“Nos preocupan los procesos territoriales que son abordados junto con otros organismos del Estado, como la Secretaría de Agricultura Familiar y el INTI. Me refiero al valor agregado en territorio, a los procesos de organización, de mejora de cultivos y de las prácticas agronómicas, y en la proyección de esa producción hacia otros mercados además del regional”, agregó Zamora y destacó que “todos esos procesos es probable que sufran un impacto en este nuevo escenario de ajuste y recorte”. En este marco, recientemente se conoció la renuncia del Secretario de Agricultura Familiar, Oscar Alloatti, junto con 11 funcionarios de su equipo, en medio de una fuerte restricción presupuestaria en ese organismo que depende del Ministerio de Agroindustria y de una inminente reestructuración del área.

“La población agrícola está envejeciendo en el país porque los jóvenes se van a las ciudades, los padres sufren las inclemencias del tiempo, sin ayuda estatal y con pocos recursos económicos, y no quieren eso para sus hijos; entonces, desde el INTA se trata de fortalecer esas economías, de agregar valor en el lugar donde se produce”, dijo Roqueiro y recordó que “en los 90 el INTA tuvo que salir a buscar financiamiento para subsistir y quienes lo daban eran las grandes empresas. Eso se había revertido en los últimos años, se le había dado un fuerte empuje a la agricultura familiar, se creó el IPAF y las líneasPRET, que operan en territorio, para definir qué es lo más conveniente para cada localidad. Todo eso ahora corre riesgos, por falta de recursos financieros y humanos”, dijo.

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