Por Juan Ignacio Provéndola.

Los distintos gremios docentes que dinamizaron la primera marcha el lunes 5 de junio, el musculoso sindicato de empleados estatales que le dio la posterior multisectorialidad, las comunidades indígenas que extendieron los reclamos por todas las rutas del interior de la provincia y los pequeños productores que se acoplaron con cortes propios cobijan sus propios intereses. Sin embargo, es el espanto el que los une en una misma marea que no parece bajar pese a la guerra de nervios a la que apuesta el gobernador Morales.

El mandatario jujeño está más atento a las disidencias internas de ese bloque heterogéneo que a las posibles salidas de un conflicto que no está interesado en atender. Muestra de ello es que ni siquiera se lo ve por la provincia que administra desde aquel infausto martes 13. Aquel día juró la Constitución reformada a su medida y luego esquivó las protestas y la represión de su propia policía para tomarse un avión y hablarle a Jujuy desde los canales de Buenos Aires, antes de calzarse el traje de precandidato a vicepresidente. Para colmo, su coequiper Horacio Rodríguez Larreta le valoró públicamente en los dos actos compartidos la “mano dura” que ahora es motivo de una denuncia penal de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

En la noche de este lunes se produjo la primera intromisión de envergadura después de las represiones de sábado 10 y del martes 13 de junio: fue un operativo en bloque sobre el corte que pequeños productores rurales estaban llevando a cabo en la ruta 66, cerca del aeropuerto de Perico, más precisamente a la altura de la finca El Pongo (donde Gastón Morales lleva adelante un millonario negocio de cultivo de cannabis medicinal autorizado por su padre gobernador). Según distintas fuentes, el desalojo se realizó “sin ningún tipo de incidentes, con acatamiento total y sin detenidos”.

En declaraciones periodísticas, el ministro de Seguridad Guillermo Corro deslizó sobre la banquina de las ruta 66 que “hay una orden del Juzgado Federal para levantar todos los cortes en la provincia”. La frase rápidamente se hizo eco en los demás piquetes, que al cierre de esta edición eran once y estaban preparados para que aparezcan operativos de desalojo en cualquier momento. En cada uno de ellos funciona la misma modalidad de intermitencia que habilita de a ratos una o las dos calzadas para que circulen vehículos.

Acaso en sintonía con esta señal de amenaza, la entrada de La Quiaca amaneció con siete personas atadas a cruces de madera levantadas a ambos costados de la ruta 9, precisamente en el lugar donde se produce el corte más al norte de todo el territorio jujeño. La performance fue protagonizada por distintos manifestantes de la Intergremial (un blend de distintos sindicatos provinciales), quienes portaron carteles en contra de la reforma constitucional promulgada el martes 14, un día después de la precipitada jura de Morales y los constituyentes de la UCR y el PJ provincial.

En Abra Pampa, la otra localidad importante de la Puna, una barricada resistía el bloqueo de la ruta panamericana. Mientras que más al sur, a la altura del paraje San Roque, se agruparon grupos de sikuris, conocidos en la Quebrada de Humahuaca por la multitudinaria procesión de Semana Santa con la Virgen de Copacabana hacia el abra de Punta Corral, 25 kilómetros cerro arriba.

Fuera de Humahuaca, la modalidad de protesta sobre la calzada incluyó la participación de diversos artistas de la Puna y la Quebrada, intervenciones artísticas, obras de teatro y hasta una pantalla gigante para pasar películas de cine. Dentro de esa importante localidad, en tanto, se produjo una sorpresa: los propios alumnos de las escuelas se pusieron de acuerdo para plegarse a la protesta ya sea en los colegios o en la plaza central. Algo similar sucedió en Maimará, más allá de Tilcara.

El corte más emblemático sigue siendo el de la rotonda de acceso a Purmamarca, en el nudo de las rutas 9 y 52 —el kilómetro cero de estas protestas viales— donde pese a recibir constantes rumores de la llegada de la policía para efectuar el desalojo igualmente siguieron convocando a artistas para quitarle tensión a la escena. Además los manifestantes recibieron la visita de abogados constitucionales que les contaron detalles jurídicos de la reforma empujada por Morales a base de connivencia política y palo de policía.

En otro orden de cosas, estudiantes, trabajadores y comunidades originarias planean una asamblea abierta para este jueves en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy, en San Salvador, ciudad en la que los gremios docentes que aún siguen en pie de protesta se movilizan al menos una vez cada día, agregando este martes una marcha de antorchas en horas de la noche. No se descarta convocar a un paro provincial en la medida que la administración Morales siga sin ofrecer respuestas a los numerosos reclamos que van desde aumentos salariales hasta la revocatoria de la reforma, pasando además por el pedido de justicia sobre la represión desatada por sus fuerzas de seguridad.

Simultáneamente, referentes indígenas del denominado Tercer Malón de la Paz (que circuló a pie desde Abra Pampa hasta San Salvador de Jujuy a principios de junio y justamente en su regreso decidió apostarse en Purmamarca para iniciar el primer corte de ruta y sufrir la primera paliza de la policía jujeña) se reunieron con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Aunque los resultados del encuentro no fueron muy alentadores para los visitantes.

En tanto, como se dijo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hizo una denuncia penal luego de recolectar en Jujuy numerosos testimonios de víctimas del violento accionar desatado por la policía a las órdenes de Morales. Aunque el gobernador, lejos de arrepentirse, prefiera exhibir todo ello como una virtud para conquistar al electorado más duro. Casi como una velada promesa de campaña que recuerda la frase del fundador de la coalición que él ahora representa como precandidato a vicepresidente: “Si ganamos, haremos lo mismo, pero más rápido”.