A cualquier funcionario público le cabe la responsabilidad política, legal y moral de cumplir con las obligaciones contraídas para con entes del propio Estado al que representa. Máxime si ese funcionario es un delegado directo del pueblo y percibe mensualmente, entre dietas y gastos Sociales, cifras que la inmensa mayoría de sus representados no lograran recibir a lo largo de toda su vida laboral.

Que un legislador provincial como Dante Loza haya solicitado y obtenido el 5 de Junio de 2012 un Crédito “exprés” de $ 40.000 en la Caja Popular de la Provincia de Tucumán, sin los burocráticos trámites del resto de los mortales, no resulta extraño.

Pero que pese a los elevados ingresos que percibe, por izquierda y por derecha, el legislador Dante Loza pague 4 cuotas y no abone nunca más su crédito, resulta una muestra más de la impunidad con que se manejan los bienes que son de todos los tucumanos y no de un circunstancial grupo que conduce sus destinos.

La mora en que incurrió el legislador Dante Loza, que ya alcanza a un año calendario, comienza, y no casualmente, cuando su amigo Cacho Cortalezzi es designado como Interventor de la Caja Popular.

Si para pagar no le alcanza con las elevadas sumas que cobra como dieta y gastos sociales, a lo que hay que sumar su actividad empresarial (en la que le factura millonarias cifras al Estado para hacer afiches y stickers difamatorios), debería propiciar una “vaquita” entre todos los parientes que nombró en la Legislatura y seguramente le sobraría para ponerse al día, incluso con una cancelación anticipada de la deuda.

Eduardo Bourlé

Secretario General

Rubén Moisello

Secretario Adjunto

La Bancaria Tucumán