Se trata de Tamara Macarena Sosa, licenciada en Turismo, quien forma parte de un grupo de 70 empleados que fueron cesanteados por el intendente Maximiliano Frontera, por quienes ya se pidió la mediación de la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

Patrocinada por el abogado, Eduardo Estrada Dubor, la mujer presentó su demanda ante el juez Cesar Gerardo González, en el Juzgado Laboral N° 2, de esa ciudad, con las probanzas sobre un embarazo de "alto riesgo" de cuatro meses, "debidamente certificado y notificado al municipio" por autoridades de la Salud Pública.

La trabajadora cursa al momento un embarazo de más de seis meses, y su despido, además de la violencia laboral a la que alude, la priva del acceso a la salud, debido a que quedó sin obra social, por lo que su defensor considera que el Municipio "violó todos los procedimiento que protegen al empleo público y a su estabilidad, además de artículo 14 bis de la Constitución Nacional".

Además, Estrada Dubor indicó, en diálogo con Télam, que el Municipio, con esta decisión, "hace caso omiso a todos los Tratados Internacionales" de los que Argentina "es signatario" y que protegen de manera especial los embarazos y las maternidades.

El despido de Sosa ?aclaró- no sólo es "injustificado" sino que también es "discriminatorio" y demuestra el estado de "desconocimiento" que las administraciones estatales ejercen sobre lo laboral, al no aplicar las herramientas que debieran, como son los "concursos de cargos" o la actuación de las "juntas de calificación" del personal.

La trabajadora, que sufrió un desprendimiento de su embarazo y la llevó a estar internada para poder protegerlo, se inyecta insulina hasta 7 veces por día y, luego del despido, debió recurrir a un tratamiento psicológico, ya que se encuentra privada de su Obra Social y de la posibilidad por su situación de salud de conseguir un nuevo empleo.

Sosa ingresó al Municipio en 2017, bajo la anterior gestión de Mario Raúl Merlo, con un "contrato encubierto" por el monotributo, renunció luego a la jefatura del área de Turismo y fue pasada a planta como una empleada más del área.

El letrado resaltó que las medidas tomadas por el Intendente fueron observadas por el Tribunal de Contralor Municipal, desoídas en su totalidad y en la actualidad comenzaron a verse las consecuencia del "desprolijo accionar" de la nueva gestión.

"Esto es un cocoliche", afirmó Estrada Dubor y agregó que, en Villa Mercedes, se "están violando las garantías laborales, las leyes vigentes y los derechos de los trabajadores".