Leal dijo que se movilizaron por los trascendidos sobre la caída de contratos.

El centro de la ciudad, a media mañana, fue un caos. La imagen la conformaron un importante grupo de trabajadores municipales que se movilizaron hasta la puerta de la comuna en cuatro camiones y una topadora para exigir por la continuidad de todos los contratos de obra y servicios. La inquietud de los manifestantes se originó cuando corrieron trascendidos respecto de que en la sesión de ayer se iba a tratar un proyecto de resolución que solicita un “diagnóstico de los recursos humanos” con los que cuenta la Municipalidad ante el Tribunal de Cuentas de la provincia.

Horas antes de la protesta, Ramón Leal, uno de los referentes del Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), especuló con la posibilidad de que se caerían algunos contratos que vencen el 31 de diciembre. En declaraciones a LT14 incluso aseguró que 500 contratos no serían renovados. La versión precipitó el descontento y llevó a que los trabajadores se congregaran en la puerta del Palacio Municipal. Un par de horas el gremialista profirió sus razones valiéndose de un megáfono: “Nos convocamos como trabajadores porque nos han corrido versiones de que hay pedidos de informe de algunos concejales en los que van a tratar un tema delicado como es la situación de los contratados”, dijo.

PEDIDO. Los concejales Cristina Sosa y Gabriel Molina, identificados con la gestión que viene encabezada por Blanca Osuna, son los autores del proyecto de resolución en el que se solicita “un diagnóstico” sobre el personal de la Municipalidad. “No tiene nada de malo. Una intendente tiene todo el derecho de saber, antes de asumir, cuál es el recurso humano con el que va a contar en su gestión”, explicó Sosa ante EL DIARIO. La iniciativa iba a ser tratada en la sesión de las 11, pero debió ser suspendida en virtud de las anómalas circunstancias.

Los municipales no sólo se apostaron sobre el pórtico principal del Palacio Municipal, sino que muchos de ellos ingresaron al edificio. “Tanto en mi oficina, como en la de Marta (Alem), varios de los municipales entraron a increparnos. Fue muy feo”, relató Sosa, que no dudó en llamar al intendente José Carlos Halle. El jefe comunal se apersonó al despacho de la edil y se solidarizó, según Sosa. “Ahí decidimos no sesionar. La situación no daba”, agregó.

En el interior del edificio hubo algunos destrozos de vidrios. Afuera sonaban las bombas y las bocinas de los camiones municipales. Desde los techos y acoplados, municipales gritaban a rabiar y advertían que a fin de mes no se iba a “ir nadie”.

Los minutos pasaban y el clima era tenso. Ante la advertencia de los municipales, salió a poner paños fríos, que no fueron tan fríos, la presidente del cuerpo deliberativo, Alicia Portillo. Primero pidió calma, pero no tardó en agitar: “El 31 vamos a pelear para que no se caiga ningún contrato”. A la consigna de la edil, alineada al intendente Halle, le respondieron con aplausos y gritos.

A las 11.20, la esquina de Monte Caseros y Urquiza se empezó despejar.

El proyecto de resolución solicita la inmediata intervención del Tribunal de Cuentas de la provincia de Entre Ríos, “debido a la gravedad de los hechos” que motivan la iniciativa, para realizar una auditoría “sobre la cantidad (en número y masa salarial) y su legalidad, de las designaciones de todo tipo y naturaleza, quitas de adicionales, afectaciones, traslados, pases a planta permanente, ascensos y/o recategorizaciones de personal de la Municipalidad de la ciudad de Paraná”.

El pedido incluye a las efectuadas en el período comprendido desde el mes de enero del corriente año inclusive a la fecha de presentación de la misma y/o hasta la asunción de las nuevas autoridades municipales electas.

Repudio

Un grupo de militantes del Frente Justicialista para la Victoria, pertenecientes a la Unidad Básica 5ta difundieron anoche un comunicado de adhesión a las autoridades recientemente electas “a los efectos de que no reciban condicionamientos ni atropellos injustificados de ningún tipo, de parte de dirigentes o gremios”. En ese sentido recordaron que “los bienes del Estado pertenecen a toda la comunidad y no a un grupo determinado que los utiliza para presionar a las autoridades democrática y mayoritariamente elegidas el 23 de octubre”.

Por su parte, la concejal Marta Alem, repudió los incidentes y responsabilizó al intendente Halle y al Suoyem por las roturas y los percances generados a los contribuyentes y al tránsito, mediante la utilización de vehículos del patrimonio público de los paranaenses.

AL MARGEN

Alicia Portillo: “No quiero arriesgar un número, pero son más de 1.000 los compañeros que están peleando por su lugarcito, por la estabilidad laboral y la garantía para obtener el pan para sus hijos”.

En el interior del edificio hubo algunos destrozos de vidrios. Afuera sonaban las bombas y las bocinas de los camiones municipales. Desde los techos y acoplados, municipales gritaban a rabiar y advertían que a fin de mes no se iba a “ir nadie”.