Luego de que se diera a conocer una denuncia contra el gerente de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Mario Gutiérrez, por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica de la creación jurada, aumentando casi 30 veces su patrimonio en dos años, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará una protesta este viernes 27 de marzo a las 12 en el organismo (Bartolomé Mitre 434, CABA).

“Todos los días aumenta la corrupción en el Gobierno. La conducta desplegada por las autoridades de la Superintendencia es inaceptable. Exigimos una explicación detallada ya que las graves irregularidades y los delitos que se están cometiendo comprometen la transparencia de la institución y deterioran la confianza pública”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En este marco, el dirigente agregó: “El intento de llevar adelante un vaciamiento del organismo es un ataque directo a la capacidad que tiene el Estado de garantizar servicios esenciales. Es notoria la incapacidad de gestión que tienen en esta institución y afectan el acceso a la salud de los sectores sociales más vulnerables”.

“¿Cómo se explica que digiten controles a las obras sociales más chicas mientras miran para otro lado frente a los incumplimientos groseros de las empresas de medicina prepaga? ¿O que a algunas obras sociales les están permitiendo el cobro de coseguros, aranceles o plus diferenciados que son ilegales?”, cuestionó el Secretario General de ATE Nacional.

En esta línea, el referente estatal destacó: “La Superintendencia ha funcionado durante décadas gracias a la exclusiva responsabilidad, esfuerzo, sacrificio, vocación de servicio y profesionalidad de sus trabajadores. No vamos a permitir que la destruyan”.

“Los funcionarios actúan de manera dolosa porque le quieren favorecer los multimillonarios negocios a las empresas de medicina privada. Vinieron a saquear y destruir el sistema nacional de obras sociales y no vamos a permitir que lo hagan”, concluyó Rodolfo Aguiar.

El sindicato además brindará una conferencia de prensa desde las puertas del organismo el viernes a las 12 del mediodía.

La denuncia anónima fue radicada en el juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 11 (secretaría 22), bajo el número CFP 1086/26, y también en la Oficina Anticorrupción.

El funcionario figura como deudor tipo 1 en el Banco Central y no puede justificar gastos de tarjeta de crédito por 60 millones de pesos.

Esta situación se suma a la amenaza latente de despidos y el intento de vaciamiento del organismo. En este marco es que ATE denunció que las autoridades ordenaron una paralización intencional del organismo cajoneando los reclamos de los usuarios, siendo este un ataque al derecho a la vida de las personas.

Cabe recordar que ante esta situación, el sindicato realizó “paros a la japonesa” que consistían en redoblar el esfuerzo de los trabajadores para acelerar la resolución de reclamos, buscando mostrar el papel central que cumple el personal del organismo en la defensa del derecho a la salud. La medida fue muy bien recibida por los usuarios, reivindicando el rol estatal en la resolución de conflictos.

Además, el sindicato pudo verificar que la Superintendencia maneja con discrecionalidad la aplicación de sanciones, evitando multar a las grandes empresas de medicina prepaga y actuando con dureza contra las obras sociales más chicas, las cuales pretenden extinguir.

ATE también manifestó que la gestión actual del organismo promueve un sistema de mediación prejudicial no obligatoria denominado PROMESA, que trasladará los costos al beneficiario y fomentará la judicialización de los conflictos.

Esta situación se suma al reclamo por la obra social Unión Personal, la cual aplica coseguros diferenciados a trabajadores estatales que no estén afiliados a UPCN, una práctica discriminatoria e ilegal, como así también coseguros para las intervenciones quirúrgicas, los cuales violan el Plan Médico Obligatorio.