Tras solicitar al Ministerio Público de la Acusación que se ordene el levantamiento de la protesta de los trabajadores despedidos de Liliana, que no permiten el ingreso de otros 600 empleados a la planta, hoy la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y representantes de la empresa, se reúnen con el ministro de Seguridad Raúl Lamberto. Así lo confirmó el abogado gremial, Pablo Cerra, quien adelantó que habrá una nueva movilización. Más temprano, Mario Lescano y Julio Hemadi, secretarios gremiales del sindicato, acompañaron a los trabajadores en una ruidosa protesta frente a la fiscalía de Montevideo al 1900. Los representantes del sindicato indicaron que se retiraron de las negociación para reincorporar a los diez despedidos, aunque apoyan el reclamo que ahora es "pluripersonal", pero aseguraron que también deben velar por el trabajo del resto de los operarios de la firma, que hace 15 días no pueden ingresar a sus puestos de trabajo, aunque hasta ahora se mantuvo el pago de sus haberes.

Los secretarios gremiales recordaron que "Liliana tuvo 12 despidos y dos llegaron a acuerdo indemnizatorio. Nosotros como gremio hicimos todos los procedimientos para reincorporarlos y ahora ellos no dejan ingresar al resto de los trabajadores, con gente ajena a la empresa. La firma les viene pagando hace 15 días a los trabajadores, pero no sabemos hasta cuándo se va a sostener esta situación. La protesta es que quieren conservar sus fuentes de trabajo, queremos que se destrabe esta cuestión".

Cerra detalló que el encuentro de hoy será en sede de Gobierno, a las 12 del mediodía, con movilización y delegados de la UOM. Cuando ayer los trabajadores se presentaron en la Fiscalía, el titular Jorge Baclini se comunicó con el ministro Lamberto y éste se comprometió a recibirlos para intentar que se desaloje el ingreso a la planta. "Se inició un conflicto pluriindividual en el Ministerio de Trabajo. Nosotros dejamos claro que solicitamos la reincorporación de los despedidos, pero también planteamos que solicitamos al Estado la intervención por los más de 600 empleados que no podían ingresar a la planta".

En tanto, cuando la situación pasó al Ministerio de Trabajo de la Nación, "las cosas siguieron por el mismo camino, y aunque apoyamos a los compañeros despedidos entendimos que la forma de protesta no es la indicada porque menoscaba los derechos del resto". Para el gremio, se trató de una situación "incómoda", porque el resto de los trabajadores presionaban porque querían entrar a trabajar. "El 28 de febrero pedimos que se aclare esta situación, pero se mantuvo la postura de no dejarlos ingresar. No nos quedó más remedio que levantarnos del recinto como entidad gremial, porque no es un conflicto colectivo sino plusiindividual, aunque apoyamos el reclamo, pero no las formas".

Por otro lado, hubo trabajadores que hicieron planteos penales y ayer se reclamó en Fiscalía que se les garantice el derecho de trabajar. Baclini obró como una suerte de mediador y se comunicó con Lamberto que citó a los manifestantes. "La protesta se está llevando a cabo de manera ilícita, pero la fiscalía consideró que como no hay imputados particulares sobre las amenazas que hubo en el ingreso y las situaciones que se dan allí, no se puede configurar el delito. Yo creo que nadie quiere pagar el costo político de desalojar, sin violencia", consideró.