La medida se adoptó ayer, luego de que los judiciales se retiraran de sus lugares de trabajo. Así lo confirmó el juez Joaquín Cabral, quien no descartó que incluso puedan suspenderse los del mes entrante. Este jueves iba a celebrarse un juicio por abuso sexual y corrupción de menores.
Al cierre de esta edición, la Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción (Zona Norte) aún no había resuelto cómo afrontar la situación que desde ayer se agudizó, cuando los empleados judiciales profundizaron la medida de fuerza, abandonando los juzgados desde las 11:00.
En el caso de la Zona Sur, la Cámara Criminal decidió suspender todos los juicios programados para este mes, ya que sólo acuden los magistrados, las Secretarias y el Jefe de Despacho.
Esto, no cabe dudas, pone en un escenario extremadamente delicado al servicio de justicia, ya que en el ámbito penal hay personas privadas de su libertad esperando que se resuelva su situación en debate, pero también, peligro de que las causas prescriban por el paso del tiempo, y víctimas ansiosas por un fallo reparador.
En este sentido, TiempoSur pudo conocer que este lunes varios de los integrantes de la Asociación de Magistrados se reunieron en Río Gallegos para debatir sobre el panorama de conflictividad entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. En la ocasión, algunos jueces sugirieron la posibilidad de que se implemente un “procedimiento de crisis”, pero la mayoría entendió que esto, bajo ningún punto de vista, podía incluir ponerle un stand by a los juicios, dado que “eso sería denegación de justicia”, lanzaron.
Un equipo periodístico de este diario acudió a la sede que la asociación tiene en calle Bernardino Rivadavia, sin embargo, la organización que lidera el fiscal caletense Carlos Rearte, envió a dos de sus secretarias para denegarnos el acceso, e incluso rechazar que se les sacaran fotografías. Las mujeres sólo atinaron a transmitir de sus jefes: “Dicen los doctores que cualquier cosa los van a llamar”. Jamás sucedió. Luego hubo trascendidos de un posible comunicado, pero tampoco.
Por otra parte, la celebración de los juicios en Santa Cruz ya venía contradiciendo a las normas que indican que los mimos deben celebrarse en los lugares donde sucedió el hecho que dio origen a la causa penal. Esto no sucedía y aun cuando la Cámara Criminal se quejó ante el Tribunal Superior de Justicia, éste decidió que los debates sólo se realicen en Caleta Olivia y Río Gallegos, aduciendo que no contaban con fondos para los viáticos y traslado de los jueces y fiscales.
El hecho de que momentáneamente y por lo que dure el paro de Judiciales los juicios no se hagan, significa correr todo el cronograma. Por ejemplo, TiempoSur pudo conocer que para este jueves se suspendió un juicio de características intrincadas que sentaba sobre el banquillo a un sujeto acusado de abuso sexual y corrupción de menores, en perjuicio de los hijos de su ex pareja.
Ayer por la tarde, el camarista Joaquín Cabral confirmó a Tiempo FM que “conjuntamente con la Vocal Titular del Tribunal Oral, hemos acordado suspender los juicios que teníamos previstos para todo este mes”, una medida que incluiría “a los juicios que teníamos pendientes para el mes que viene, si continúa la medida de fuerza”, adelantó
El magistrado explicó que hasta el lunes, se trabajó en un marco de solidaridad hacia la protesta de los judiciales que reclaman percibir sus haberes de febrero, abocados exclusivamente a las causas que estaban programadas para su juicio y que involucraban a personas privadas de su libertad.
Ahora “la cosa está más complicada”, aseveró Cabral, debido a que la suspensión de los juicios que involucran a personas detenidas, generó una catarata de pedidos de audiencia que continuará en los días sucesivos.
“Lo que ocurre es que en los juicios orales, las personas que están privadas de su libertad y quienes han sufrido los resultados del delito, esperan prontamente su juicio para resolver la cuestión”, agregó el magistrado, reconociendo que “nuestros empleados están organizados, tienen como propuesta común que se les abone el sueldo”, por lo tanto “nosotros, como magistrados, tenemos que seguir adelante con nuestras funciones y entender que el reclamo es legítimo y justo”.
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