El Superior Tribunal de Justicia y los jueces, fiscales, funcionarios y empleados del Poder Judicial de Entre Ríos rechazaron el aumento salarial dispuesto por el Poder Ejecutivo y pidieron al gobernador Gustavo Bordet que dé marcha atrás con el decreto que estableció ese incremento. Además, lo responsabilizaron por el "desequilibrio en las finanzas públicas".

El jueves se reunieron los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, el Procurador General, el Defensor General, los miembros de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos y la Asociación Judicial de Entre Ríos acordaron en manifestar "la vehemente defensa de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la provincia consagrados en la Constituciones Nacional y Provincial, leyes nacionales y en las leyes provinciales N° 8.069 y N° 10.068 y, en esa convicción".

En ese sentido emitieron una declaración en la cual rechazaron "enfáticamente la medida impulsada por el gobierno provincial mediante el Decreto N° 1634 del pasado 6 de octubre (B.O., 9/10/2020), que dispone otorgar a un grupo de trabajadores judiciales un aumento, consistente en una suma fija mensual, provisoria, no remunerativa ni bonificable hasta tanto se concrete el acuerdo salarial y a cuenta del incremento que logre acordarse en una futura mesa de paritarias o negociaciones sectoriales".

Explicaron que el rechazo a la medida del gobierno se funda en que, según sostienen, atenta contra la Ley N° 8.069 de porcentualidad, vigente desde mayo de 1988, la que establece que los integrantes de la magistratura, funcionarios y trabajadores, percibirán un haber equivalente a un porcentual de lo que cobra un vocal del Superior Tribunal. En la Justicia entienden que el decreto del gobernador Gustavo Bordet "rompe el equilibrio legal existente entre los distintos escalafones remunerativos del Poder Judicial".

"No desconocemos que estamos ante una atípica e imprevista situación sanitaria. Somos conscientes y reconocemos la difícil situación económica y social que atravesamos, producto de la pandemia por Covid-19, en la provincia y en la nación", dijeron la declaración y a continuación enumeraron acciones realizadas en el marco de la pandemia.

"Tenemos pleno conocimiento de la difícil situación económico-financiera que afecta a la provincia de Entre Ríos, pero estamos convencidos que la misma no es por responsabilidad del Poder Judicial, donde la administración de los recursos públicos y el manejo de las partidas asignadas en la Ley de Presupuesto es totalmente transparente y eficiente.

Además, de la masa salarial mensual de toda la administración pública entrerriana, el Poder Judicial representa tan solo un guarismo menor al 8% del gasto público destinado a ella, lo cual mal puede resultar representativo de semejante desequilibrio en las finanzas públicas, cuya administración es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo", enfatizaron los distintos sectores del Poder Judicial en uno de los tramos del documento con cuestionamientos más duros hacia el gobernador.

"Sostenemos que no pueden ser perjudicados los trabajadores del Poder Judicial ni el equilibrio salarial de su estructura interna con medidas de este tipo", sostuvieron antes de agregar: "Exhortamos y hacemos votos por que se elaboren estrategias para morigerar el gasto público y mantener el equilibrio de las cuentas fiscales, a fin de seguir garantizando los derechos contraídos de todos los trabajadores".

Finalmente se pusieron a disposición para trabajar de manera conjunta para contribuir y seguir mejorando al servicio de justicia de la provincia, pero requirieron al gobierno provincial que "se abstenga de efectivizar la aplicación de lo dispuesto en el Decreto N° 1634/20 a los agentes del Poder Judicial".

El documento lleva las firmas de Martín Carbonell, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos; Germán Carlomagno, vicepresidente; los vocales Daniel Carubia, Bernardo Salduna, Susana Medina, Emilio Castrillón, Claudia Mizawak, Juan Ramón Smaldone y Miguel Giorgio; el Procurador General, Jorge García; el Defensor General, Maximiliano Benítez; la presidenta de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Gabriela López Arango. y de la secretaria adjunta de la Asociación Judicial de Entre Ríos, Mabel Pedrero.