“Conjuntamente con otros colegas, nos agrupamos y dimos inicio a la agrupación que denominamos Asociación Docentes Unidos de Catamarca (ADUCa) conforme consta copia de acta que acompañamos, designando a las autoridades de la Asociación e iniciando los trámites correspondientes para el reconocimiento de la Personería Gremial”, se justifican en la presentación Olga Ponce de León y Pablo Javier Pinela, ante la justicia.

En la denuncia penal en contra de funcionarios del Ministerio de Educación, Ponce de León y Pinela piden a la Justicia que se investigue "qué funcionario del Ministerio de Educación ordenó discrecionalmente y sin acto administrativo válido el descuento de haberes", considerando al hecho como "abuso de autoridad y enriquecimiento del Estado (a costa de) quedarse con un dinero que es de los docentes", expresan la presentación.

También, los docentes “Indignados” fundamentan que la huelga que el sector docente llevó adelante "jamás fue declarada ilegal por la Dirección de Inspección Laboral, que era el organismo competente para resolver en todo caso lo atinente a medidas de concurrencia de los docentes a los lugares de trabajo, con quite de colaboración".

Por otra parte, sostienen que la denuncia penal es en base a jurisprudencia, "no se les puede prohibir ejercitar el derecho a huelga a docentes no agremiados". Y marcan una contradicción en los gremios de la intersindical, que llamaron a un "paro nacional" el 6 de marzo, en reclamo de un aumento salarial del 30% cuando en febrero habían aceptado del Gobierno un 12,5%., culminan expresando.