Ante la difícil situación que están atravesando los tomadores de créditos UVA en general, y los trabajadores municipales en particular, la Asociación Sindical de Empleados Municipales (ASEM), presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante para que se declare de interés municipal “la protección de los créditos hipotecarios y prendarios en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), destinados a la adquisición de viviendas familiares y/o automotores”.

Con tal sentido, el titular de la ASEM, Marcelo Cardoso, se reunió con el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Sáenz Saralegui, a quien le entregó una carpeta con la iniciativa. El dirigente se encontraba acompañado de la abogada Melania García, integrante del Grupo Técnico de Hipotecados UVA de la Provincia de Buenos Aires. Ella, junto al doctor Javier Liniers, brindarán una charla sobre esta temática el jueves 25 de abril a las 18.30 en la sede gremial de Belgrano 4685.

De acuerdo a lo expresado en el proyecto “en la actualidad no se cumple con el principio de transparencia que requieren  los actos de Gobierno. Si bien el Banco Central de la República Argentina refiere que el valor “UVA” se actualiza diariamente , y se fija en base al Coeficiente de Estabilización de Referencia,  el cual toma como plataforma los Índices de precio al consumidor, no especifica la fecha en que se registran dichos Índices, tampoco justifica cómo el precio del UVA se fija con 20 días de anticipación”.

Señala que “continuando con el avasallamiento a los principios básicos del Estado de Derecho el  Banco Central de la República Argentina, a través de la Comunicación “A” 5945 autorizó los Préstamos de Unidades de Vivienda (UVIS) y posteriormente, por medio de la Comunicación “A” 6069, modificó la  política crediticia incorporando los préstamos de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) actualizable por CER, permitiendo por vía de excepción algo expresamente prohibido: la indexación (arts. 7 y 10 de la ley 23.928)”.

Indican desde ASEM que “por el momento no se tiene conocimiento de juicio ejecutorio alguno por parte de los bancos ni se registra morosidad en el Partido de General Pueyrredón. Sin embargo esa situación no genera sorpresa, porque la cuota se debita, en la mayoría de los casos, de la caja de ahorro, más comúnmente llamada cuenta sueldo. De tal manera antes que el vecino pueda acceder a su salario, la entidad financiera ya retuvo el monto de la cuota”.  

“Lo cierto es que con el estado de  inflación constante y sostenido, el aumento de los servicios básicos, el incremento de las cargas tributarias,  el acrecentamiento del desempleo y la depreciación del salario, las familias temen no poder pagar el crédito y consecuentemente perder su vivienda única que  con tanto esfuerzo lograron adquirir. Y esto no es sólo una sensación: a causa de la inflación el capital de los créditos aumentó en 2 años un 69 %, habiendo pagado la totalidad de las cuotas,  y el monto de las misma aumentó casi un 90%”, afirman los especialistas.

Por todo lo expuesto, “es de interés de la organización gremial colaborar en la solución de aquellas situaciones que afectan a la familia municipal, por eso deseamos saber cuáles son los proyectos de ordenanza que pudieran estar tratándose –o en estudio- en el ámbito legislativo. Asimismo, interceder entre las partes involucradas a fin de encontrar alternativas para la protección de los tomadores de créditos hipotecarios y prendarios en unidades de valor adquisitivos (UVA) destinados a la adquisición de viviendas familiares y/o automotores otorgados por el Banco Provincia de Buenos Aires”, afirmó Cardoso