Por Juan Manuel Meza-

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, presentó ante el Ministerio de Economía de la Nación una petición formal para que la administración bonaerense pueda gestionar y concesionar el tramo de la Ruta Nacional 33 y la parte habilitada de la Autopista Presidente Perón.

El pedido alcanza a la RN 33 entre la Ruta Provincial 65 y la Ruta Nacional 3, y a la Presidente Perón entre los kilómetros 13,500 y 62,450. La Provincia pide por esta vía facultades sobre el tramo operativo de la autopista, sin resignar el reclamo por el resto de la traza. La presentación se apoya además en los antecedentes del expediente EX-2026-37587362-APN-DGDA#MEC.

“Solicitamos la delegación integral de competencias respecto de la Ruta Nacional 33 (tramo RP 65 – RN 3) y del tramo habilitado de la Autopista Presidente Perón (AUPP) que se encuentra entre las Progresivas Km. 13,500 y 62,450”, dice la presentación a la que accedió Buenos Aires/12.

El mecanismo ya fue habilitado para Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. Buenos Aires quedó afuera y ahora reclama incorporarse bajo los mismos criterios. Se compromete a firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad, presentar un plan integral de intervención, sostener procesos de concesión con transparencia, publicidad, concurrencia y equilibrio económico-financiero, y mantener indemne al Estado nacional frente a eventuales reclamos derivados de la gestión delegada.

La solicitud llega después de una secuencia de decisiones que profundizó el choque con la gobernación bonaerense. Desde diciembre de 2023, Milei paralizó la obra pública nacional. En territorio bonaerense, el conflicto se volvió especialmente visible en rutas de alto tránsito, mientras el Estado nacional continúa recaudando recursos con destino vial pero ejecuta una porción muy inferior.

Un informe del Instituto Argentina Grande citado este mes por Buenos Aires/12 estimó que, a precios constantes de junio de 2026, la recaudación acumulada con destino a Vialidad fue de 2,036 billones de pesos, mientras el gasto financiado con ingresos del impuesto a los combustibles quedó en 676.999 millones. Según ese cálculo, la DNV utilizó el 33 por ciento de esos recursos y dejó una brecha de 1,359 billones, suficiente para sostener durante un año unos 9.148 kilómetros de rutas nacionales.

El mismo trabajo señaló que el impuesto aumentó 1.265 por ciento nominal entre noviembre de 2023 y junio de 2026, frente a una inflación de 320 por ciento, y pasó de representar el 8,9 al 19,25 por ciento del precio de la nafta súper. Su recaudación real creció 91,1 por ciento entre 2023 y 2025. La ley destina el 28,58 por ciento de lo recaudado al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte; luego de una reserva de liquidez del 1,5 por ciento, una parte alimenta el Sistema Vial Integrado.

La controversia escaló en los últimos días cuando el vocero Adrián Ravier reconoció públicamente que parte de esos fondos fue retenida e invertida para contribuir al “equilibrio fiscal”. A partir de allí crecieron los pedidos de interpelación a Caputo. Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal por la posible malversación de más de un billón de pesos y otros bloques exigieron explicaciones por recursos que tienen una afectación específica.

Ese telón de fondo pesa sobre la Ruta 33. Otro relevamiento difundido por este medio ubicó a las rutas nacionales 3, 5, 7 y 33 entre las más comprometidas de la provincia. En enero, el 51,7 por ciento de las trazas federales bonaerenses estaba en mal estado, el 11,5 por ciento en condición regular y sólo el 36,8 por ciento en buen estado. Entre 2023 y 2025, el gasto de la DNV en obras dentro de Buenos Aires cayó 85,4 por ciento en términos reales. La Provincia concentra unos 4.675 kilómetros de rutas nacionales y el principal entramado industrial, agropecuario, logístico y portuario del país.

Un reclamo que empezó en 2024

La disputa por la Presidente Perón tiene una historia propia. El 29 de mayo de 2024, Katopodis y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, llevaron el tema a una reunión con el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos. La petición actual recuerda también la participación del intendente de Almirante Brown. El Gobierno nacional quedó entonces en “evaluar” una transferencia. Para ese momento, la Provincia ya había avanzado con la creación de un Consorcio de Gestión y Desarrollo para asumir la continuidad, el mantenimiento y la seguridad de la traza.

El dossier bonaerense de mayo de 2024 -elaborado antes de aquel reclamo a Francos- describía una autopista de 83 kilómetros, con 52 habilitados al tránsito y 31 pendientes. Registraba una inversión total de 112.875 millones de pesos, 12 municipios integrados y 12 millones de personas potencialmente beneficiadas. De los kilómetros por terminar, 18,5 ya estaban construidos pero sin habilitación por tareas complementarias; otros 12,5 dependían de expropiaciones. Los trabajos habían quedado paralizados desde diciembre de 2023 por falta de financiamiento nacional.

Ese informe dividía la obra en cuatro sectores. El primero, de 26 kilómetros entre Acceso Oeste y Arroyo Morales, tenía 14 habilitados y un avance físico del 86 por ciento. El segundo, de 28,4 kilómetros entre el barrio 20 de Junio y la RP 58, estaba abierto al tránsito y registraba un 96 por ciento. El tercero, de 18,6 kilómetros entre las RP 58 y 53, contaba con 9,6 habilitados y un avance del 85 por ciento. El cuarto, de 10 kilómetros entre la RP 53 y la Autovía 2, estaba judicializado, paralizado desde septiembre de 2012 y tenía apenas 2 por ciento de ejecución.

La cronología del dossier ubica el inicio del proyecto en marzo de 2010. Registra luego la paralización del tramo IV en 2012, la habilitación de nueve kilómetros del tramo I en 2019, la normalización de los trabajos en 2020, otros seis kilómetros abiertos en 2021 y nuevas habilitaciones en 2023: el distribuidor de la RP 40, 22 kilómetros de los tramos II y III y otros 15 kilómetros de los tramos I y II. En diciembre de ese año quedaron detenidos los trabajos que seguían en marcha.

Pensada como el tercer anillo de circunvalación del AMBA, la traza incluye dos carriles por sentido, banquinas, colectoras, distribuidores, pasos a nivel, iluminación, señalización y 35 puentes. Debe vincular Acceso Oeste, Ezeiza-Cañuelas, las rutas provinciales 58 y 53 y la Autovía 2, además de mejorar la salida de parques industriales y los accesos al puerto de La Plata y a los aeropuertos de Morón, El Palomar y Ezeiza.

El expediente no cierra la vía judicial

La nueva petición no reemplaza la pelea en tribunales. La Provincia dejó escrito que, respecto de la Presidente Perón, la gestión de “acercamiento y buena voluntad” “de modo alguno modifica o altera, el objeto de la pretensión judicial”. Esa demanda exige que el Estado nacional reactive, continúe, finalice y habilite los sectores pendientes, con cronograma y plazo cierto, o transfiera integralmente la traza para que Buenos Aires asuma la ejecución, el mantenimiento y la operación.

La presentación identifica dentro de esa pretensión los tramos Acceso Oeste–Barrio 20 de Junio, hasta la progresiva 25,55; Barrio 20 de Junio–RP 58, hasta la 53,980; RP 58–RP 53, hasta la 72,60; y RP 53–Autopista Buenos Aires-La Plata, hasta la 94. Son referencias de la demanda judicial y corresponden a un alcance distinto del corte de 83 kilómetros que mostraba el dossier provincial de mayo de 2024.

El movimiento también llega meses después de que Aubasa quedara excluida de la licitación de los corredores Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa, pese a haber ofertado por 1.325 kilómetros. La adjudicación se formalizó mediante la Resolución 706/2026 y el recurso de la empresa provincial fue rechazado por el Decreto 411/2026. En paralelo, Santa Fe asumió por veinte años la administración de la RN A012 y hubo avances con Córdoba por la Ruta 19.

Con el expediente ahora en manos de Luis Caputo, el conflicto entra en una instancia concreta. La respuesta de Caputo definirá si el gobierno nacional aplica a la provincia el mismo régimen concedido a otras nueve jurisdicciones o mantiene abierto otro frente de una disputa vial que ya atravesó reclamos políticos, denuncias penales y tribunales.