La ordenanza busca paliar la crisis de empleo y quintuplica la tasa de seguridad e higiene por cada trabajador despedido. Además establece un fondo de asistencia para los despidos.
El intendente Mauro Pelloti decidió blindar al municipio de Ramallo contra los despidos. La iniciativa surgió como consecuencia de las 84 cesantías llevadas adelante por la aceitera Bunge hace dos semanas.
La normativa que aumenta la tasa de seguridad e higiene a las empresas que despidan sin justificación fue aprobada por el Concejo y los grandes contribuyentes en una sesión extraordinaria.
En su letra chica, quintuplica el valor de la tasa por cada despido injustificado que realice una empresa del partido de Ramallo. La penalización es por un año y crea además un fondo solidario para las personas que queden desempleadas.
En las próximas semanas vence la conciliación obligatoria entre los trabajadores y la empresa Bunge. Desde la compañía ya avisaron que no darán marcha atrás con los despidos.
Otro concejal, en off, manifestó al portal InfoGei que “sabemos que la norma tiene agujeros legales, pero el objetivo es ganar tiempo para evitar los despidos”.
Comentá la nota