En lo que denominan pliego de discusión y reivindicación para los trabajadores de la educación, el escrito lleva la firma de la titular de ese gremio, Patricia Argañaráz.

El mismo consta de los siguientes puntos, hasta tanto se acuerde el ítem 1, que es el de la apertura de las paritarias docentes. Incluyen la reformulación de los Decretos 4118 y 14/91; el reconocimiento real de la cantidad de horas de prestación por parte del maestro de grado y del preceptor de nivel medio; la continuidad pedagógica y administrativa para los docentes a término. La adecuación al acuerdo federal con respecto a la carga horaria de los docentes que se desempeñan por horas cátedras. Reconocimientos de zonas por porcentajes bonificables desde el básico.

Se añade el reconocimiento de transporte por porcentajes bonificables desde el básico. La determinación de las titularizaciones para todos los niveles y cargos, incluyendo el nivel terciario.

También el nombramiento de preceptores y personal administrativo en los colegios secundarios, recordando que la norma determina un máximo de tres secciones por cada preceptor. La normalización de la actividad de los docentes que prestan algún servicio debido al cambio del sistema de educación. Los mismos deberán presentar propuestas de trabajo, con seguimiento efectivo y planillas de promoción. Todo esto con el propósito de facilitar el aprendizaje de los alumnos con problemas.

Más pedidos

Otros puntos a tratar con los funcionarios de Educación corresponden a: la implementación del maestro recuperador para el nivel primario. El mismo deberá ser conducido por docentes con probada experiencia y nombrado por cuadro de puntaje. La designación del maestro celador para el nivel inicial. Los gabinetes psicopedagógicos permanentes en los niveles primarios y secundarios. Docentes de apoyo a la inclusión para los niveles primarios y secundarios. La habilitación de escuelas maternales y titularizar a los docentes que se desempeñan en las mismas y en los centros de desarrollo infantil.

La revisión de la norma de los traslados interjurisdicionales y por último la eliminación de la baja del concepto ante la inasistencia justificada.