Los productores de viña autoconvocados del Este, aquellos que protagonizaron fuertes protestas durante la fiesta vendimial 2014, salieron con los tapones de punta para reclamar la regulación, por ley, de la cadena de valor en la industria vitivinícola. Tras escuchar los discursos durante el Almuerzo de Fin de Cosecha en San Martín, del titular del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, Javier Palau, quejándose del pobre precio del vino ($2,70 por litro) y del mosto ($1,75 el litro ) y las respuestas del gobernador Francisco Pérez sobre sus gestiones para mejorar ambos aspectos con créditos e inversiones, los autoconvocados –ahora nucleados en la nueva Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza (Aproem)– reclamaron menos discursos y más acciones concretas.

“Más allá de lo dicho, Palau y Pérez coincidieron en que el mercado está distorsionado y que una parte de la cadena comercial se está llevando un porcentaje demasiado grande en detrimento del sector productivo, que está trabajando bajo pérdida. Pero, sinceramente, creo que ambos no deben esperar a que un asteroide golpee la tierra para que esto se acomode, hay que dejarse de llorar como niños y es hora de que reconozcan que es necesario regular la cadena agroalimentaria,” dijo la presidenta de Aproem, Gabriela Lizana.

En esta organización, están empujando la sanción a nivel nacional de una ley para que, con la participación de todos los sectores de la cadena industrial y comercial –no solo de la vitivinicultura sino de todas las economías regionales del país–, se preserve la permanencia de los productores primarios, por supuesto, dándole márgenes de ganancias razonables a cada parte de esa cadena. Este tema ya fue presentado en el Congreso de la Nación hace 15 días, durante la consulta pública sobre políticas para la producción de economías regionales justamente para legislar sobre las enormes diferencias entre el precio pagado a quienes producen caña de azúcar, yerba mate, oliva y uva –sólo por dar algunos ejemplos–, y los precios de estos productos en góndola.

En el caso vitivinícola, en Aproem explicaron que la norma implicaría la participación de todos los sectores de la cadena “productores de uva, elaboradores, fraccionadores, exportadores, para formar una comisión o ente que estudie los costos de producción de cada sector y proyecte un precio mínimo, con márgenes de rentabilidad en las distintas instancias de la cadena comercial, todo consensuado”.

Para la realización de este porcentaje y precio mínimo también serían convocadas entidades como el INTA, las universidades, el Observatorio Vitivinícola. De esta manera, quedaría establecida, además, la prohibición de comercializar uva, vino y mosto por debajo del precio consensuado.

Según Lizana, “esto no es una imposición legal, sino una instancia seria de estudio de la cadena comercial del vino, con una redistribución más justa de la rentabilidad, y eventualmente, un instrumento de presión para que el Estado reconozca –si fuera necesario– que la carga impositiva no concuerda con la renta de los actores principales de dicha cadena”.

La dirigente dijo: “Hasta ahora nadie nos ha escuchado en el Gobierno, ni Pérez ni Marcelo Barg, el ministro de Agroindustria, nos han recibido para explicar este proyecto. Guillermo García, del INV, simplemente nos ha dicho que no se puede hacer, pero no nos ha explicado por qué no. El único que al menos nos escuchó fue el vicegobernador Carlos Ciurca y el único legislador nacional que comprometió su apoyo fue Alejandro Abraham”.

Hasta ahora, los productores de uva venden su producción sin un contrato escrito en el cual se establezca de antemano un precio de la uva y un plazo de pago. El precio es impuesto por tres grandes empresas, Fecovita, Baggio y Peñaflor, y una vez que ingresa la uva a las bodegas, los productores no tienen certeza de cuándo empezarán a recibir un pago. En general, pueden llegar a esperar entre 6 y 9 meses.

Diagnóstico conocido por todos

La situación de los productores de vino y de los bodegueros se fue complicando a medida que los costos subieron, por la inflación y la carga impositiva, eso sumado a los bajos precios de la uva, el vino y el mosto. La fundación Ideal calculó que el aumento de esos costos llegó al 36%, según el índice sintético de costos agrícolas destinados a la producción por hectárea para uva básica y varietal en el último año. Los rubros con más alzas fueron el gasoil (58% interanual), los agroquímicos (57%) y el transporte interno (39%).

Con este panorama, la Coviar estima que podrían perderse alrededor de 3.000 puestos de trabajo si no se actúa rápido, algo que también sostienen en la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas de Argentina.

La Asociación de Viñateros también pidió un fondo estabilizador

Además de explicar la necesidad de asegurar mejor rentabilidad para los productores de viña, la AVM solicitó al Gobierno nacional un fondo estabilizador de los stock de vinos disponibles. En este sentido, en opinión de los viñateros, al menos se requiere sacar del mercado interno lo equivalente a tres meses de despachos para poder recuperar el precio del vino.

La AVM viene trabajando con el Instituto Nacional de Vitivinicultura para que se pueda dejar alguna constancia en el momento en que el productor entrega la uva en la bodega para hacer transparente el precio y la forma de pago previamente acordados.

45 centavos se lleva el Gobierno en impuesto y la inflación, por cada peso de vino vendido en el mercado, según estimaciones de la AVM.

$2.70 vale el litro de vino actualmente en el mercado y $1,75 el litro de mosto, lo que perjudica especialmente a los productores primarios de la uva.