El 6 de noviembre, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y el gobierno porteño se verán las caras frente al Tribunal Superior de Justicia. La audiencia pública será el paso previo para que los magistrados tomen una determinación sobre la intención del PRO de regular las asambleas sindicales. Los trabajadores denuncian que se trata de una medida inconstitucional.

El conflicto empezó en agosto de 2012, cuando el Ministerio de Modernización publicó una resolución en la que prohíbe realizar asambleas gremiales en las dependencias gubernamentales durante los horarios de trabajo y exige que cualquier reunión laboral sea solicitada con, al menos, 72 horas de anticipación.

La disposición que despertó la polémica fue la número 40/2012 y lleva como título “Reglamentación de Asambleas de Trabajadores”. El ministerio justifica la decisión en “la problemática derivada de la celebración de asambleas de trabajadores en lugares de atención al público y dentro del horario laboral, en perjuicio del buen funcionamiento de la administración”. La norma, que fue firmada por el director de Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales, Carlos Lelio, establece que “sólo los delegados pueden pedir permiso para hacer una asamblea” y “el pedido tiene que se presentado como mínimo tres días hábiles antes”. Además, el gobierno pretende que “sólo podrán participar los trabajadores de la dependencia que convoque” y solamente el “funcionario que la autorice (a la asamblea) definirá el lugar de realización”.

En aquel momento, el secretario pro-gremial de ATE-Capital, Alejandro Gianni, calificó la medida como “fascista, neoliberal y antitrabajadores”.