El gobierno prepara un decreto para abrir un nuevo plan de retiros voluntarios dentro del Estado nacional. La medida está siendo impulsada por Federico Sturzenegger desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y busca volver a reducir el número de trabajadores de la planta permanente. En lo que va del gobierno Milei ya perdieron su trabajo 74 mil estatales. La idea de Sturzenegger es que la inscripción al plan de retiros comience en noviembre, y abarque tanto al personal de la administración central (ministerios, secretarías), como al de los organismos descentralizados.

Dos funcionarios de gobierno confirmaron que el decreto ya está listo y que será publicado en los próximos días. En los casi tres años que La Libertad Avanza lleva de gestión, ha reducido en un 21 por ciento el número de trabajadores de la administración pública. Para concretarlo apeló a varias estrategias: no renovó los contratos transitorios con los que se desempeñaban miles de trabajadores estatales precarizados, abrió otras tandas de retiros voluntarios por repartición e incluso hizo un pase a disponibilidad masivo de los trabajadores de la planta permanente.

Gremios como la Asociación de Trabajadores del Estado vienen denunciando un clima de hostigamiento permanente contra los empleados estatales, como un método de presión para que renuncien o acepten los retiros. Parte de la presión ha sido empobrecer los sueldos.Los salarios del sector están hoy entre un 21 y un 40 por ciento por debajo del nivel que tenían al asumir Javier Milei. El propio presidente reconoció públicamente que la disminución del poder adquisitivo en el sector estatal forma parte del diseño de su plan económico.

El ejemplo de la licuación de los sueldos estatales más recientes es el implementado por el ministerio de Capital Humano en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), donde la semana pasada, sin previo aviso, les quitaron a los trabajadores una serie de complementos salariales (horas extras, suplementos), por lo que sus ingresos fueron reducidos hasta un 40 por ciento.

Aunque formalmente se los catalogue como complementos adicionales, los gremios aclararon que estos ítems “forman parte de los ingresos normales, habituales y regulares” que utilizaba históricamente el propio Estado para elevar el piso de los sueldos más bajos.

Los sindicatos argumentan que los trabajadores que aceptan estos retiros lo hacen por el desgaste que les provoca la licuación de sus salarios y el maltrato laboral. Sostienen que el Gobierno utiliza la pérdida del poder adquisitivo como una herramienta de presión para que los empleados públicos terminen cediendo su estabilidad laboral a cambio de indemnizaciones en cuotas.

Cese de actividades, este martes

Por otra parte, este martes los estatales harán un cese de tareas con retiro de sus lugares de trabajo a partir de las 12 horas. La medida fue decidida por ATE para todos los ministerios, organismos públicos y empresas públicas y tiene el objetivo de que los trabajadores públicos puedan sumarse a la marcha a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.

El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de tierras rurales.

El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras. La movilización a la Plaza Lavalle, frente a Tribunales es convocada por un amplio frente de organizaciones gremiales, sociales y políticas. Centros de ex combatientes de la guerra de Malvinas, las dos CTAs y sus gremios, partidos de izquierda y espacios académicos repudiarán el fallo de la Corte.

La protesta está pautada a partir de las 15 horas (algunos sectores de izquierda convocan a las 16 horas) y será la antesala de una movilización nacional prevista para el próximo 15 de octubre, cuando la Cámara de Diputados intente sesionar para rechazar el DNU presidencial 70/23, que derogó la Ley de Tierras.