Como resultado de la motosierra descontrolada de Javier Milei, ahora corre riesgo un programa que es modelo en Latinoamérica y que redujo el embarazo en adolescentes en la Argentina en casi un 50%, sólo en cinco años. Creado en 2018, durante la administración de Mauricio Macri, a lo largo de un lustro mostró resultados cada vez más positivos.

Sin embargo, y más allá de su rol estratégico y los muy buenos resultados obtenidos, el presidente de la Nación lo discontinuaría, provocando así 709 nuevos despidos.

Se trata del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), el cual se puso en marcha durante el gobierno de Mauricio Macri y se profundizó en la gestión de Alberto Fernández.

Y hay que destacar que, además de ser muy exitoso, está lejos de poder ser considerado un gasto, como habitualmente esgrime Milei para justificar sus decisiones. De hecho, permite ahorrar 0,16% del PBI, si se contabilizan los costos asociados a la atención de una gestación y el parto en chicas de 10 a 19 años.

Despidos a la orden

Además, a eso hay que sumarle las contribuciones que se pierde el Estado porque está estudiado y probado que esas mujeres terminan en menor proporción la escuela secundaria, por lo que en su adultez estarán más desempleadas que aquellas que no tienen hijos a edades tempranas, según el Estudio Milena, realizado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

«También está demostrado que la maternidad a edades tempranas es uno de los determinantes más importantes de la reproducción intergeneracional de la pobreza», explicó Silvina Ramos, socióloga e investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad.

Más allá de estos datos, el Presidente no quiere renovar los contratos de sus 709 profesionales de equipos interdisciplinarios que vencen la semana próxima.

De estos 709, todos dependientes del Gobierno nacional, hay 112 que trabajan en ESI, en los programas de Salud Sexual y Salud Adolescente; y de 597 que lo hacen en centros de salud, espacios comunitarios y escuelas en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy y provincia de Buenos Aires. 

Es importante remarcar que no es un programa caro: prevenir cada embarazo no intencional en adolescentes le cuesta al Estado apenas unos 60 dólares al año.

El Plan ENIA comenzó en 2018, para abordar el problema desde una perspectiva integral. Para poner en contexto, hay que decir que en 2019, 69.803 adolescentes de entre 15 y 19 años y 1.938 niñas menores de 15 años tuvieron un hijo o hija. 

Lo creó Macri y fue un rotundo éxito

Por entonces, 7 de cada 10 embarazos de mujeres entre 15 y 19 años no eran buscados o planificados. Y entre las menores de 15 años, esa proporción llegaba a 8 de cada 10 embarazos.

Entre 2018 y 2021, que son los últimos datos disponibles, se logró que la tasa de fecundidad adolescente (que mide la cantidad de hijos nacidos vivos por año sobre el total de adolescentes) se redujera de 49 a 27 por ciento. 

Es decir, solo 27 por ciento de chicas de 10 a 19 años se convirtieron en madres, lo que significa una caída de casi el 50 por ciento en tres años.

Además, se consiguió que en 2021 hayan sido madres 8,8 por ciento de las niñas de 10 a 14 años, lo que implicó una reducción del 43 por ciento de casos en esa franja, donde la mayoría de las gestaciones, se presume, provienen de situaciones de abuso o coerción sexual o violación, lo que hace más complejo aun su prevención.

Las últimas cifras disponibles muestran que 46.236 adolescentes entre 15 y 19 años y 1.394 niñas menores de 15 años tuvieron un hijo o hija en 2021. Es decir, hubo 23.567 menos chicas de 15 a 19 años que se convirtieron en madres y algo más de medio millar menos entre las más chiquitas.

«Es modelo en América latina»

«Hoy el Plan ENIA es modelo en América latina por sus resultados en un plazo muy corto», aseguró Valeria Isla, ex directora del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

UNICEF y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) colaboraron desde sus inicios, y lo siguen haciendo junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Hasta ahora esta política intersectorial se llevó adelante por los ministerios nacionales de Salud, Desarrollo Social y Educación. Como se sabe, los dos últimos terminaron absorbidos por la mega cartera de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello. 

Además, en agosto del año pasado se firmaron convenios de adhesión con el resto de las provincias del país y la Ciudad de Buenos Aires para su implementación. Pero ahora todo este trabajo puede desaparecer en una semana.