El gremio sostiene desde hace meses los mismos puntos de reclamo: un 30% de aumento salarial como piso; tratamiento y aprobación de la modificación de Ley de Tasas; aprobación de Ley de Ingreso al Poder Judicial de hijos y familiares; trato diferencial en los intereses de las operatorias de créditos ante el Nuevo Banco del Chaco; participación en el presupuesto del Poder Judicial en defensa de las condiciones laborales de los trabajadores y celeridad en el trámite de la Sala Contenciosa Administrativa del STJ en las demandas del 113%, que tienen 21 años de espera.

“En lugar de solucionar algunos de los puntos antes mencionados, hoy se suma uno nuevo, ante el avasallamiento por parte de las autoridades del Insssep contra nuestros jubilados, pensionados y retirados, intentando quitarles arbitrariamente lo conseguido el año pasado por ley y en carácter de recomposición salarial”, advirtió Graciela Aranda, secretaria general del Sejch.

“Jerarquizar la función del empleado judicial, tanto en lo salarial como en su régimen legal, es responsabilidad política de quien gobierna los destinos de la provincia. Por ello entendemos oportuno resaltar la necesidad de un trabajo decente para los judiciales en beneficio de la sociedad cuando requiere dichos servicios”, resaltó finalmente.