Desde el sindicato aseguraron que “en aquella oportunidad, dirigentes del gremio accedieron a las oficinas del Ejecutivo Municipal porque hacía varios días que no recibían respuestas tanto de los funcionarios como del intendente sobre diversos reclamos, entre ellos el de los precarizados”.

“Nosotros tenemos comunicación diaria con los funcionarios y con parte del gabinete de Chuli Jorge. Pero aquella vez, los teléfonos se habían cerrado durante cuatro días. Ante ello, fuimos a las dependencias de la municipalidad, no forzamos ninguna puerta, ningún acceso, no rompimos nada. Entramos por la sala de audiencias y accedimos a la oficina de Ekel Meyer. Fue entonces que llegaron guardias de seguridad privada, generándose forcejeos, sin daños ni lesiones. En el lugar apareció el intendente, la funcionaria Batistella e, incluso, el secretario de Seguridad, Jorge Zurueta con el jefe de policía Paniagua. Al poco tiempo, nos encontramos con una denuncia en contra nuestra por supuestos actos vandálicos”, relató Seillant.

El vocal del SEOM indicó que “uno de los testimonios que figuran en la denuncia es el de un jerárquico municipal llamado Domingo Siufi, hijo del conductor televisivo, Alberto Siufi”. En tal sentido, considera que existe un “ensañamiento” hacia el sindicato de los municipales, “porque en la causa está el testimonio de Chuli Jorge, y él en ningún momento me señala como agresor, como lo hace el otro funcionario o alcahuete. Todo lo contrario: en su testimonio, Chuli dice que yo estaba tranquilo. Y los testimonios que hablan de agresiones, contradicen las afirmaciones del intendente”.

“No me pueden imputar delitos que no cometí, incluso que no están manifestados en las declaraciones testimoniales”, sostuvo el sindicalista.

Presiones políticas

El SEOM consideró que las imputaciones que pesan contra el dirigente son “atentado contra la autoridad agravado y coacción”, lo cual es considerado por el sindicato como una maniobra para exagerar y estigmatizar los episodios donde se plantean reclamos de trabajadores. Además, Seillant señaló que funcionarios judiciales admitieron que los teléfonos de la Justicia “están muy calientes” y que -por esta causa- habrían ejercido presiones altos funcionarios tanto del Gobierno provincial como del radicalismo jujeño.

“Hay causas más graves, donde están involucrados personajes de la política con mucho poder, pero pasan años empantanadas. A nosotros, en cambio, nos elevan a juicio en trámite exprés”, observó.

“Nos quieren meter en la cuestión de la violencia, pero no presentan debate en las cuestiones que vienen postergadas, en los derechos laborales truncos. Como los que están en el poder no quieren discutir esas cosas, pasan todo debate por el tamiz de la violencia para desvirtuar la lucha y evitar el diálogo. Esto se complementa con los mercenarios de la prensa que tienen los dueños del poder, para sostener esta idea en la opinión pública. Estos mercenarios estafaron y estafan al fisco y se ponen a opinar sobre violencia. Hay un gran cinismo, mucha hipocresía”, manifestó.

Seillant, no obstante, aseguró que “nosotros vamos a seguir por el camino que nos marcó el compañero Santillán, más allá de que nos metan palos en la rueda y campañas sucias. Seguiremos con nuestra agenda reivindicativa, que, sabemos, molesta a los funcionarios. Y lo haremos a pesar de que la Justicia esté tan atravesada por el poder político”.