Serenos sumó un nuevo capítulo en Mar del Plata, donde una delegación nacional del sindicato que lidera Antonio Ivaldi, junto a dirigentes regionales, desembarcó en la sede local del Ministerio de Trabajo bonaerense para denunciar el incumplimiento de contratación y avanzar en mecanismos que garanticen la continuidad laboral.

La comitiva estuvo encabezada por la secretaria adjunta del gremio, Mariel Ivaldi, y el responsable del área legal, Hernán Luengo, quienes mantuvieron reuniones con funcionarios bonaerenses de la delegación local. Allí, plantearon la principal problemática: la negativa de las agencias marítimas a contratar serenos, una práctica que, según denunciaron, vulnera la legislación vigente y le abre la puerta a la falta de fiscalización y propone una apertura peligrosa de productos y material indeseable.

Tal como advirtió Sonido Gremial en artículos previos —en medio del impacto del decreto nacional que desreguló la actividad— el sector viene sufriendo una fuerte retracción producto de la falta de controles y la flexibilización de las obligaciones patronales. En ese marco, el gremio profundiza su estrategia territorial para sostener la actividad allí donde las provincias aún intentan garantizarla.

En paralelo, la delegación sindical también avanzó en gestiones con el Consorcio Portuario de Mar del Plata, con el objetivo de articular acciones conjuntas que obliguen a las agencias a cumplir con la normativa. En el horizonte, aparece una alternativa concreta: impulsar una resolución específica para el puerto local que establezca de manera taxativa la contratación obligatoria de trabajadores serenos.

Ese camino comenzará a tomar forma el próximo 23 de abril, cuando se lleve a cabo una reunión formal entre las partes para discutir la implementación de herramientas regulatorias. Allí se pondrá en juego no solo el futuro inmediato de los trabajadores del sector en Mar del Plata, sino también un posible antecedente para replicar en otros puertos del país.

Con este movimiento, el Sindicato de Serenos de Buques busca consolidar un esquema de presión institucional frente al vacío que dejó la desregulación nacional, apoyándose en las jurisdicciones provinciales y los organismos portuarios.