Al apuro de la Legislatura de Córdoba por sancionar la ley que regula el derecho a protestas, se le opuso, organizada con rapidez, una movilización en los alrededores de todos los sectores gremiales.

Particularmente gremios nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) le dijeron que no a la norma, surgida después del conflicto en el transporte urbano. La noción de ‘regular’ la prestación de servicios por considerarlos básicos y el hecho de difundir con varios días de anterioridad una protesta son los puntos de oposición.

El secretario general del Sindicato de Empleados Públicos, José Pihen, escogió estar del lado de afuera de la Unicameral, se ausentó de la votación pese a ser parte del bloque oficialista y consideró que “regular el derecho a huelga es ilegal e inconstitucional”.

Desde la Bancaria, Raúl Ferro consideró la situación como “terrorífica” y “una derrota en la incapacidad del poder político”. Y agregó: “Eligen amordazar a los trabajadores con una ley en la que no discuten con los actores. Se sabe que si hay un conflicto en el que te pisan la dignidad, te atropellan, por más leyes que haya no van a tener sentido”.

También los docentes públicos marcaron su postura. Desde el secretario general de UEPC, Juan Monserrat, quien indicó que buscan “congraciarse con el humor social”, hasta Zulema Miretti, la secretaria adjunta, que opuso como argumento el hecho de que no haya habido quórum en el Congreso de la Nación para su tratamiento.