En definitiva como se pudo apreciar en el jury, no se probó en lo más mínimo, ninguna de las acusaciones realizadas en cabeza de la Procuradora General, constituyéndose dicho proceso en una farsa, con el único objetivo de lograr un fallo ejemplificador, no sólo para Igoldi sino para cualquier juez y/o funcionario judicial, que se atreva a enfrentar y cuestionar al poder real en cualquiera de sus modos.

En definitiva con todas las cartas sobre la mesa, el 85% de los jueces del Poder Judicial de Río Negro, está en condiciones de ser sometido al mismo procedimiento. En ese caso, los trabajadores proponemos empezar por la acusación donde Baquero Lazcano, además de no tener autoridad moral ni ética para acusar a nadie, tiene denuncias realizadas por los trabajadores en el Consejo de la Magistratura.

Ahora bien, dicho proceso sí fue esclarecedor, no sólo para ver como el poder fáctico, intenta sacar del medio todos los obstáculos, sino porque se desnudaron las íntimas relaciones, entre la Policía de Río Negro, el Poder Ejecutivo provincial y la Justicia, donde sí hay que exigir explicaciones, y donde parece que todos se hacen los distraídos.

En ese sentido la posición de los trabajadores es coherente y consecuente, exigimos la democratización del Poder Judicial, es imperiosa la necesidad de tener jueces que respeten la Constitución Nacional, que sean consecuentes con la historia y las reivindicaciones de los derechos humanos en nuestro país, que tengan una profunda vocación de servicio a la sociedad, y que por todas las cosas puedan mirar a la cara al pueblo trabajador.