El juez de Garantías Ignacio Colombo dio por concluido el proceso de instrucción y elevó a juicio la causa relacionada con la violenta toma de la sede de la Unión Tranviario Automotor (UTA) que tiene como imputadas a 11 personas, entre ellas a cuatro miembros de la comisión directiva del gremio que nuclea a los choferes de colectivos de corta, media y larga distancia. Colombo hizo lugar al pedido del fiscal Horacio Córdoba Mazuranic, luego de rechazar el planteo de oposición realizado por los abogados defensores de los acusados. Emitió dicha resolución con el argumento de que se cumplieron los requisitos exigidos por el Código Procesal Penal.

El episodio ocurrió el 12 de septiembre pasado cuando 32 personas irrumpieron en el edificio situado en la calle San Luis 555 y mantuvieron como rehenes por espacio de 7 horas al secretario general del gremio, Jorge Flores, y a los responsables de las áreas de acción social y deportes, Mario López y Miguel Rasjido, respectivamente. De acuerdo con las pruebas recolectadas por el fiscal, el grupo coaccionó a Flores para que renunciara al cargo, al tiempo que provocó destrozos en las instalaciones y se apoderó de dinero y cheques de la oficina del secretario de finanzas. A partir de las denuncias presentadas por Flores, López y Rasjido y los datos aportados por testigos, Córdoba Mazuranic determinó que el copamiento del gremio tuvo como actores principales a los secretarios de asuntos gremiales Omar Daniel Alberto Pereyra; de actas y difusión, Carlos Martín Barrios, y de cultura, Jorge Juan Banda. A estos se sumaron Oscar Raúl Villa, Walter Ignacio Pérez, Daniel Hipólito González, Exequiel Maximiliano Malenque, Cristian Alberto Figueroa, Carlos Martín Barrios, Oscar Orlando Camacho y Agustín Darío Cayo. También imputó al secretario adjunto Sixto Domingo Tactagi, por considerar que este actuó en connivencia con los intrusos. Todos fueron procesados por los delitos de secuestro coactivo, robo en poblado y en banda y daño simple. En la causa, el juez dictó en primera instancia la prisión de Villa, Pereyra, Pérez y González, la que se encuentra en firme y consentida al no haber sido apelada por el defensor Santiago Pedroza. Luego, ante un pedido de revisión del letrado, Colombo rechazó el planteo. En el caso de los 7 restantes, la resolución fue apelada por las defensas y se espera el dictamen del Tribunal de Impugnación. Sin embargo, este incidente no impide el curso de elevación a juicio de la causa que ayer ingresó a la mesa distribuidora de expedientes penales, que deberá realizará el sorteo del tribunal que juzgará a los imputados. Para los próximos días se aguarda que el consejo directivo nacional de la UTA resuelva la situación del gremio local para determinar de qué manera se cubrirán los cargos que están acéfalos por la detención de los cuatro secretarios y de un quinto que fue apartado antes de la toma.