La paciencia de una treintena de trabajadores efectivos bajo convenio colectivo de la empresa El Marisco se agotó ayer por la mañana y decidieron ocupar las instalaciones del frigorífico ubicado en San Salvador 4779. La firma pertenece a la familia de Francisco Di Leva, representante de la Provincia de Buenos Aires en el Consejo Federal Pesquero.

“Necesitamos trabajar, lo único que pedimos es poder tener más trabajo, no podemos seguir aguantando con un garantizado que no llega a los 9 mil pesos de bolsillo”, confió un grupo de peones cuando REVISTA PUERTO ingresó a la planta, pasado el mediodía.

Un patrullero en la puerta de la fábrica ya anticipaba la tensión que se vivía puertas adentro. Cuanto este medio ingresó por el angosto pasillo que lleva a las oficinas administrativas y a la escalera que deriva en el comedor, dos oficiales de la Comisaría Tercera del Puerto interactuaban con los trabajadores y dos dirigentes del SOIP.

“Puedo interceder en la Justicia llevando el planteo de sus necesidades”, contó el Segundo Jefe de la Tercera al grupo de obreros que lo escuchaba con atención en el pasillo.

“Deciles que necesitamos trabajo, que eso es lo único que queremos”, le dijo una mujer al oficial mientras tomaba nota de los nombres y apellidos de cada uno, y su compañero sacaba fotos de las instalaciones.

La medida de fuerza en El Marisco no solo afecta el procesamiento de materia prima sino también el ingreso y la salida de vehículos del establecimiento.

En un cuarto de administración, la abogada de la empresa, Gadea Rivera, aguardaba la finalización de las actuaciones policiales para salir del establecimiento por una puerta lateral. El Marisco en realidad ocupa casi toda la manzana de San Salvador al 4700, con la administración, las cámaras frigoríficas y la conservera Supremacía Marina.

Los obreros denunciaron que la empresa no los convoca a trabajar de manera regular desde hace dos años. “Acá somos 46 compañeros entre peones, envasadoras y camaristas”, dijo René Castellanos, con 22 años de antigüedad en la empresa.

“Trabajamos un día, a veces dos por semana, pero nunca superamos la garantía y no hay quien pueda vivir de esta forma”, contó Darío Palma, con nueve años en la empresa.

El Marisco controla la pyme Sebastián Gaboto, en Vértiz y Pescadores, donde emplea a otras 76 personas entre peones y fileteros. Ahí la situación también está dominada por la incertidumbre, no solo por la falta de trabajo sino por el cambio de nombres en la administración de la empresa.

“Di Leva dice que la vendió, que hay nuevos dueños pero no sabemos quiénes son, no aparecen y tenemos miedo de que sea una excusa para bajar la persiana”,  remarcó un filetero que prefirió mantener en reserva su identidad.

Este medio intentó ayer conocer la versión de la empresa pero Di Leva no contestó la consulta. Desde CAIPA repudiaron la manifestación de un grupo de trabajadores de El Marisco en el domicilio particular del empresario, en la zona de Playa Grande.

“Lamentablemente este tipo de situaciones se ha convertido en frecuente en los últimos tiempos y ante esos hechos, solicitamos y exigimos de las autoridades correspondientes que se adopten todas las medidas necesarias para evitar su repetición”, aseguró la patronal.

En ese sentido, solicitó “individualizar y sancionar a quienes los realizan”, en tanto invitó a quienes se consideren afectados en sus derechos laborales, a “que recurran ante las instituciones que el Estado ha creado para entender en ese tipo de conflictos”.

Los trabajadores se iban a turnar para mantener ocupada la planta mientras aguardaban la respuesta del empresario. En las próximas horas está previsto que las partes sean convocadas a una audiencia por parte de la fiscal Lorena Irigoyen, que interviene en la causa.