La ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal responsabilizó al presidente de la Nación, Alberto Fernández, por su imputación en la causa conocida como la «Gestapo antisindical». Además, consideró que en el tema existe «intencionalidad política», se puso «a disposición de la Justicia para que investiguen el entrecruzamiento pedido por la fiscal» y aseguró «no tener nada que ocultar».

De manera contundente, Vidal remarcó en declaraciones periodísticas que tiene «clara la intencionalidad política de esta causa y la incompetencia del Juzgado en este tema». Y apuntó de lleno hacia Alberto Fernández: «Era esperable que intentaran involucrarme en esta causa. Sabía que eso iba a suceder por los dichos del presidente y por el claro contenido político de la denuncia».

La imputación contra María Eugenia Vidal

Este martes, la fiscal federal de La Plata Ana Miriam Russo dictó el procesamiento de Vidal en la investigación sobre el armado de una mesa judicial durante el gobierno de Cambiemos para perseguir y encarcelar a sindicalistas opositores.

El pedido se incluyó en un dictamen donde se determinó la acusación a todos los que participaron de la reunión llevada a cabo el 15 de junio de 2017 en una sede del Banco Provincia.

Entre los imputados se encuentra el actual intendente de La Plata, Julio Garro. Además, la fiscal aclaró que se investigará también «a toda persona que resultare autor/a, coautor/a, cómplice, partícipe y/o instigador de los hechos» y que «pudieran ser identificados en el devenir de la instrucción».

Investigarán el celular de la ex gobernadora

En un primer requerimiento, Russo ya había acusado al ex ministro de Trabajo de la gestión de Vidal, Marcelo Villegas, quien encabezó el encuentro que desató el escándalo.

Y la semana pasada la querella del sindicalista de la seccional platense de la UOCRA, Juan Pablo «Pata» Medina, había reclamado al juez imputar también a Vidal.

La fiscal también solicitó un entrecruzamiento de llamadas entre la ex gobernadora y los otros 15 imputados. Específicamente, la querella representada por el abogado César Albarracín pidió el secuestro y posterior peritaje de los distintos dispositivos electrónicos de todos los que estuvieron en la reunión.

En específico, solicitó conocer las «llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de los ex funcionarios presentes en la reunión del 15 de junio de 2017» y, también, de los asignados a Vidal durante el período que abarca el 1 de mayo de 2017 y diciembre del mismo año.

La fiscalía dejó planteado que «se proceda al llamado a indagatoria» de aquellos imputados sobre quienes una vez cumplidas las medidas de prueba pedidas «se alcance el estado de sospecha suficiente».

«Gestapo antisindical»: todos los imputados

Además de Vidal, Garro y Villegas, entre quienes pasan a ser objeto de investigación se encuentran Marcelo Jaworski, director general de COPETRO; Adrián Grassi, ex subsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires; Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario; y Juan Pablo Allan, senador de la provincia de Buenos Aires.

También figuran Jorge Oscar del Río, presidente de APYMECO; Fernando Sacrachi, director de ACIP; Guillermo Moretto, presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata; y Ricardo José Alconada, presidente de OCSA.

Y completan la lista Bernardo Zaslascky, director de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (ACIMCO); Juan Sebastián De Stéfano, Darío Alberto Biorci y Diego Luís Dalmau Pereyra, estos tres últimos pertenecientes a la fecha del hecho a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).