RP.- ¿Cuál fue la propuesta salarial que realizó el gobierno provincial este lunes?

La propuesta que terminaron formalizando establece un aumento salarial anual para 2016 del 36 por ciento. Esto implica una mejora de tres puntos y medio respecto del acuerdo parcial que teníamos en el primer semestre, que era de 32 y medio.

Esa diferencia de tres puntos y medio se hace retroactiva al mes de agosto, tal como se había pactado en el acta de cierre de la primera etapa de conflicto, a fines de mayo.

RP.- Desde la AJB llamaron a asambleas para decidir si aceptaban o no, ¿tomaron una decisión?

Sí, estamos terminando de hacer asambleas. Ya tenemos una tendencia irreversible por la aceptación de la propuesta: Hay 19 seccionales de las cuales 14 que se pronunciaron por la aceptación. Nos quedan tres seccionales por hacer asambleas y el resultado ya no va a modificar el esquema general. 

RP.- ¿Cuándo serían las próximas paritarias y qué expectativas tienen?

En primer lugar, nosotros nos negamos a cerrar ahora un acuerdo para 2017. La decisión política fue cerrar la discusión de 2016 y abordar la del 2017 el año que viene. Una de estas cláusulas de este acuerdo es que el gobierno se compromete a reabrir la paritaria el 10 de marzo.

Si se cumpliera el acuerdo, el 10 de marzo deberíamos estar reunidos en paritaria para discutir la pauta de 2017. 

RP.- ¿Cuáles son los demás reclamos de la AJB, aparte del salarial?

Tenemos algunos reclamos que no son salariales y otros que son salariales pero que no tienen que ver con la paritaria en general. 

El primero de los no salariales tiene que ver con la sanción de la ley de Paritarias de los judiciales, que junto con los legislativos de la provincia somos el único sector que no tiene regulado el proceso de negociación colectiva.

Esto hace que, por ejemplo, nosotros tengamos que hacer semanas de medidas de fuerza para obligar al gobierno a que se siente a discutir. No tenemos regulado un procedimiento que establezca en qué términos las partes están obligadas a negociar. 

Ese es un reclamo principal, es una deuda desde la sanción de la Constitución de 1994 que prevé la negociación colectiva para todos los sectores estatales. Después tenemos otros reclamos que son salariales pero no tienen que ver con el reclamo general.

Por ejemplo uno tiene que ver con el reconocimiento al bloqueo de título de los que son profesionales no abogados. Tenemos un reclamo por el régimen de antigüedad; en la década del noventa fue suspendido el pago del 3 por ciento y se pasó al 1.

En el año 2005 se recuperó el régimen del 3 por ciento pero quedaron diez años que se pagaron al 1 por ciento. Son reclamos que veníamos discutiendo con el gobierno de Daniel Scioli pero no se pudieron solucionar. Con este gobierno, hasta ahora, el ejecutivo se ha negado a abordarlos.

RP.- Cambiando de tema, ¿cuál es la postura de la AJB frente a la designación de Julio Conte Grand?

Nosotros tenemos una posición contraria a la designación, más allá de que la decisión esté tomada. Creemos que por sus antecedentes -en una posición muy similar a la que expresó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), su posicionamiento ideológico, su compromiso con los derechos humanos- no es la persona que la provincia de Buenos Aires requiere para ese cargo de semejante responsabilidad.

Además creemos que la designación del procurador general de la provincia requeriría un debate más amplio, con convocatoria a todas las organizaciones que intervienen en el sistema de justicia. Nosotros no hemos sido convocados, tampoco las organizaciones de derechos humanos o las ONG que opinan sobre el modelo de justicia. 

Nuestra opinión es negativa, no solamente por la persona sino también sobre el procedimiento de designación, que lamentablemente se desarrolló de espaldas a la sociedad.