La Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) informó mediante un comunicado de prensa que “el personal del Instituto Cristiano de Enseñanza Patagónico (ICEP) se encuentra adherido a nuestra medida de fuerza (paro por 120 hs), en el marco de la retención de tareas ante el incumplimiento expreso del pago de sueldos y aguinaldos, tanto por parte del Gobierno de Santa Cruz, como por los responsables o propietarios del instituto de enseñanza privada”.

“Este gremio quiere dejar expresado que con fecha 3 de agosto de 2016, se puso en conocimiento del Consejo Provincial de Educación (CPE), a la Dirección de Escuelas Privadas y al director del ICEP que su personal adhiere a las medidas de la ADOSAC, por falta de pago, incumplimiento de los acuerdos paritarios y falta de bancarización de los docentes que actúan en el sector privado”, explicó el sindicato docente.

Responsables

Más adelante, ADOSAC sostuvo que “nada de esto pasaría si el Estado cumpliera con su rol controlador y el Gobierno actual de Santa Cruz a través de sus organismos competentes, como en este caso el Consejo Provincial de Educación, dejaran de mirar para otro lado y ejerciendo autoridad sobre la conducción de este establecimiento, encuadrando a la actividad educativa privada, en la misma requisitoria y exigencias a las que somete a la educación pública”.

La situación que se vive dentro del ICEP “no es nueva y ha sido motivo de denuncias de ADOSAC desde hace mucho tiempo. Parte de esos reclamos han surgido de los propios docentes del instituto, pero también de padres y alumnos” recordaron, y agregaron que “en todos los casos, el Gobierno Provincial ha seguido subsidiando al establecimiento, pero nunca ha formalizado un control acorde a la calidad de educación y servicio que se ha comprometido a ofrecer el ICEP, el cual, en la realidad, dista mucho de lo bueno y honesto que debe ser”.

Más adelante, dieron cuenta que “a las denuncias que hemos realizado sobre las deficiencias estructurales del edificio donde funciona, al punto de no poseer la habilitación correspondiente para funcionar, situación irregular que también se da en su sede de Caleta Olivia y que el Gobierno conoce, a lo que se le deben agregar actitudes reñidas con la docencia y con la administración de un colegio donde se educa a los niños”.

“Aprietes, persecuciones y malos tratos hacia los docentes que trabajan allí, son moneda corriente que colegas semanalmente describen y denuncian los trabajadores de ese establecimiento, quienes aseguran sentirse perseguidos sólo por reclamar sus derechos u opinar distinto al esquema de autoridad pre-establecido”.