Desde hace poco más de una semana los transportistas de granos están de paro y realizando piquetes en diferentes puntos de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Chaco. El reclamo de los transportistas ya afecta a los puertos de Rosario, Bahía Blanca y Necochea-Quequén debido a los piquetes. El conflicto no parece menguar dado que el gobierno no está recibiendo a los referentes. Quienes están llevando a cabo la medida son los Transportistas de Granos Autoconvocados (TGA).

El reclamo refiere a que el Estado provea una tarifa única de flete para todas las cámaras del sector, tal como funcionaba desde 2012 hasta 2015, cuando el actual gobierno la convirtió en una tarifa “orientativa”. Ese cambio implica que queda liberada al juego de la oferta y la demanda. En esta aparente libertad, el eslabón más débil de la cadena es el que más presión tiene que resistir. Además de la tarifa indicativa, se reclama la creación de un órgano de control de la AFIP y un pago de estadía por demoras superiores a las 24 horas en las terminales de descarga.

De acuerdo a los índices que maneja la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga, “en los últimos cuatro meses el sector tiene que invertir un 11 % más para funcionar”, gran parte de los costos se deben a los costos del combustible en el mercado interno, “que creció nada menos que 20% desde octubre”.

Cacho Nicola es secretario de la Cámara de Transporte de Cereales de Córdoba y adhiere a los autoconvocados. El transportista explica que en 2012 “a través de la Ley Nacional de Transporte 24.653 se reguló un cuadro tarifario, tal como lo tienen los transportes públicos de pasajeros, de acuerdo a la distancia y la relación peso/tonelada. Las resoluciones se acordaron entre diferentes sectores. Pero en 2015, el actual gobierno desreguló el cuadro tarifario y dejó sin vigencia lo firmado anteriormente”.

Frente a la posición del gobierno, que se niega a recibirlos, Nicola expresa que “el Estado tiene la obligación de intervenir porque se ha armado una suerte de monopolio entre los dadores de carga, los receptores y tal vez los productores. Y la consecuencia es que se paga lo menos que se puede, porque la tarifa que propone el gobierno es orientativa, o sea que no hay obligación de cumplirla, y eso produce que a veces trabajemos casi a pérdida. De hecho, si se mantiene la actividad, es porque no se trata de choferes sino que son los miembros de las familias los que realizan el transporte. Básicamente somos changarines, dependemos de cuándo vende el productor o cuándo los que acopian hacen negociaciones”.

“Toda esta situación la saben tanto el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación como la Secretaría de Transportes nacional. Hay una diferencia que no sé dónde queda, si en los dadores de carga o en los productores, pero sí se les permite hacer más negocio a costa nuestro”, afirma Nicola.

La Sociedad Rural Argentina, los miembros de cámaras industriales y exportadoras, entre otros sectores involucrados, han expresado que en los próximos días sufrirán pérdidas por millones. Este cálculo no tiene en cuenta, lo que pierden los transportistas en cada viaje al no tener la capacidad de lobby de los grandes jugadores del sector. El gobierno por su parte calificó la protesta como “irracional” y “violenta “e insisten en mantener “una tarifa de referencia que es orientativa para lo que después se decida por oferta y demanda”. Al mismo tiempo, los voceros oficiales reconocieron que “en la práctica esta tarifa actúa casi como un techo. Los valores suelen estar por debajo”.