Por Maira López

Trabajadores de la concesionaria de las fuentes de agua mineral Palau, en el departamento Rosario de la Frontera, se movilizarán hoy a la Capital de Salta para una nueva audiencia de conciliación entre el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Industria de Agua Gaseosas y Afines (SUTIAGA) y la patronal, en la Secretaría de Trabajo de Salta en el marco del conflicto suscitado por incumplimientos de la firma. Además, la Secretaría de Industria, Comercio y Empleo del Ministerio de Producción de Salta intimó al directorio por la "situación irregular" que viene arrastrando. 

En enero de 2018, el Gobierno de Salta firmó el contrato de concesión para la activación productiva de las fuentes de agua mineral Palau ubicada en el departamento de Rosario de la Frontera. La concesionaria que quedó a cargo fue la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Agropecuaria Las Garzas SA, Victorio Ricardo Binda y Alberto Artur de la Villarmois. 

En el momento de la concesión, en la gestión anterior, se afirmó que la UTE quedó seleccionada porque “posee las aptitudes profesionales y los recursos técnicos y económicos necesarios para ser la concesionaria de la explotación en los términos y condiciones estipulados por la Provincia”. Sin embargo, esta descripción quedó lejos del testimonio de una de las representantes de los trabajadores, quien pidió no difundir su nombre por temor a represalias.

Catorce trabajadores se desempeñan en el edificio ubicado a 5 kilómetros de la ciudad de Rosario de la Frontera. De ese número, doce se movilizarán hoy a la ciudad de Salta la audiencia de conciliación en la Secretaría de Trabajo de Salta. “Ya fuimos varias veces para ver si la empresa hace alguna propuesta, pero no hay nada más que silencio”, aseguró la trabajadora a Salta/12.

“Nuestra situación se agravó en estos cuatro meses, pero nosotros venimos con problemas en el año en que toman la concesión”, manifestó. Contó que desde la nueva conducción y en relación a la situación laboral “nunca se cobró en los primeros diez días” del mes, pero aseguró que los empleados optaron por “aguantar hasta que vayan haciéndose al rubro”.

La trabajadora dijo que entre los socios actuales estaban Eduardo Noman y Luciano Di Tella. En junio de 2018 la provincia aprobó el contrato constitutivo de la sociedad Aguas del Rosario SRL que tiene entre sus socios fundadores a Artur de la Villarmois, Luciano Nicolás Francisco Di Tella y Carlos Eduardo Noman, según consta en el Boletín Oficial de Salta. 

“Empezamos el reclamo cuando se accidentó un compañero de trabajo porque caímos en que no estábamos cubiertos por alguna aseguradora de riesgo de trabajo (ART)”, detalló. El hecho ocurrió en octubre de 2018 cuando el trabajador se movilizaba por la ruta nacional 34 para llegar a la empresa. “Como vamos por ruta, es peligroso el camino y sobre todo, porque no hay buena iluminación”, explicó la vocera.

Tras ese siniestro vial, los trabajadores también advirtieron que no tenían obra social. “Ellos se hicieron cargo de los gastos de este señor, pero también fue la agonía y la insistencia de su familia de pedir una respuesta”. Según la trabajadora, el accidentado quedó con una discapacidad y entró en un estado de depresión.

Manifestación de los trabajadores en las puertas de la planta

Estos primeros pedidos no fueron solucionados y a ellos se sumaron el pago tardío de los salarios y la falta de insumos para trabajar. “En este tiempo parece que se desentendieron de la empresa y nosotros cumplimos con presentarnos a trabajar”, afirmó. A lo que añadió que no les dicen nada, "si van a cerrar o se continúa. Nada”.

El 2019 “fue caótico”, describió. El abono de los haberes ya era en tres o cuatro cuotas, incluso llegando a finalizar el pago en el mes siguiente. “La íbamos peleando y con reiterados reclamos ante la falta de seguridad social nuestra”. La trabajadora contó que la empresa se acogió a una moratoria de la AFIP, en los pagos previsionales.

Esa acción posibilitaba el uso de la obra social. Sin embargo, sostuvo que la dirección empresarial pagaba tres meses seguidos y dejaba de abonar. La trabajadora explicó que el uso de la obra social se puede hacer con tres meses de antigüedad, "pero ellos se volvían a atrasar y ya no podíamos usarla". "Nos hemos pasado dos años sin obra social y eso consta en el expediente generado en la Secretaría de Trabajo y AFIP”, graficó.

Al conflicto salarial se sumó que “la empresa empezó a decaer por la falta de mantenimiento de la infraestructura y la maquinaria”. Durante 2019 “empezó el deterioro y ahora que no hacemos nada, están cada vez peor”. La inacción también se debió a la falta de compra de insumos en este 2020. “Desconocemos los motivos” de esa decisión, “sólo tenemos trascendidos de que entre los socios hay conflictos, pero eso no es nuestra tema”, aseguró.

Con la pandemia “ellos nos dejaron de pagar totalmente y ni siquiera nos daban $500 para el combustible que nos permitiera llegar a la empresa”. “Se escudan en la pandemia cuando esto viene desde hace dos años”, cuestionó la empleada. La empresa no abonó el salario de marzo, a pesar de que en febrero se trabajó normalmente.

“Más allá de la pandemia nosotros tenemos un problema de trasfondo porque esta gente no se presenta y la última vez que vimos a alguno de los socios fue en mayo de 2018”, subrayó la empleada. En la empresa sólo está el gerente general, Francisco Alderete. “Él nos dice que está en la misma situación que nosotros porque no sabe nada. No sabe qué hacer y no tiene ninguna novedad para darnos”, manifestó.

La empleada dijo que tras el constante reclamo un compañero "está internado por hipertensión” por el desgaste físico y psicológico al que están expuestos. Algunos de los empleados ya cumplen más de 30 años en la empresa, a modo de ejemplo, la persona que se accidentó está por jubilarse.

El pago de los haberes en los meses de cuarentena y distanciamiento social fue únicamente desde el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). El depósito de 16 mil pesos fue otorgado por la Nación para abril, mayo y junio.

Ante una nueva audiencia de conciliación los trabajadores insisten en que se les diga si les pagarán, a pesar de que “ellos (la patronal) directamente se manejan en el silencio total”. La semana pasada, los trabajadores realizaron una manifestación en las puertas de la empresa. Ante la no respuesta, la trabajadora describió la situación como “desesperante”.

Además, puntualizó en que la falta de producción y el abandono de las maquinarias imposibilitan que otros inversores vean en la embotelladora Palau una posibilidad solvente de inversión. “Realmente en funcionamiento se sabe que es un negocio viable, pero si ven la planta, la verán deteriorada”, subrayó. “Las personas que quieran invertir verán que los costos de reparación se van a agrandar”, agregó.

La trabajadora dijo que “no sólo se afecta la parte económica" sino que se dejó "caer una estructura inmensa sólo por una cuestión de descuido”. El pedido de respuesta también se trasladó al Ministerio de Producción. Los trabajadores se reunieron en dos oportunidades con el jefe de la cartera, Martín de los Ríos. “Él se comprometió a ver la situación para buscar una solución”, destacó la vocera.

“Hace una semana cuando estuvimos en la medida de fuerza él (De los Ríos) se comunicó con nosotros pero no nos llegó a dar ninguna novedad”. “No sabemos qué medidas tomó la provincia”, expresó.

Intimar y buscar inversores

El secretario de Industria, Comercio y Empleo, Nicolás Avellaneda, sostuvo que “la empresa viene con una situación irregular hace tiempo, al menos desde hace un año en la gestión anterior”. Por ello, desde la Secretaría se notificó a los directores para que cumplan con el contrato de concesión, que dura hasta 2038.

“Obviamente, lo que más nos preocupa es la situación de los catorce empleados”, afirmó el funcionario. Sostuvo que por un lado está el conflicto laboral entre los trabajadores y los empresarios, que ya está en manos de la Secretaría de Trabajo de Salta. Y por otro, la operatividad de la empresa.

Palau “tiene un renombre importante y reconocido a nivel mundial en sus mejores momentos y nosotros queremos recuperar esa identidad”, dijo Avellaneda. Por eso, ayer concretaron una reunión junto a De los Ríos para “alcanzar un acuerdo con potenciales concesionarios interesados en la explotación, fraccionamiento y comercialización de las fuentes de agua”, según el parte de prensa difundido.

El funcionario sostuvo que están “buscando una salida de la mejor manera y con los procesos legales para que la actual concesión consiga los inversores correspondientes, puedan reactivar la planta y ponerse al día con las deudas pertinentes”. Para ello, pidieron a la empresa un plan de reorganización que vence en los próximos diez días.

Desde el Gobierno pudieron detectar el deterioro del 60% de las máquinas. “Se dio una deficiencia de la producción”, señaló Avellaneda. Al margen de la intimación legal, “estamos trabajando en buscar inversores e idóneos en el tema”, agregó.

Desde la actual conducción de la planta argumentan que “están en una crisis que vienen arrastrando hace más de un año”, dijo el funcionario. Le aseguraron que no estaban exentos por el golpe a las PyMEs locales y que “la situación se agravó en la pandemia”. “Nosotros obviamente hicimos una evaluación de la situación y a pesar esos argumentos, válidos o no, nosotros tenemos que velar por la garantía laboral de las personas”, precisó.

Aclaró que en las reuniones que se mantienen con los posibles inversionistas se dijo que “se tiene que considerar las fuentes laborales porque es una condición primordial”, señaló.

Sin embargo, Avellaneda dijo que “lo ideal” sería que la actual concesión “consiga los inversores necesarios”. Mientras tanto, desde el Ministerio "queremos acercar la mayor cantidad de empresarios y buscar una solución por la gente”, remarcó. Al tiempo de tomar como desafío volver a posicionar a la marca Palau.