El cierre de la sucursal del Banco Santander en la ciudad de Tartagal encendió una señal de alarma entre los trabajadores bancarios de Salta. Desde la Asociación Bancaria advirtieron que la medida genera un clima de fuerte preocupación en el sector y temen que pueda replicarse en otras localidades del interior provincial.

Carlos Rodas, secretario general del gremio bancario en Salta, calificó la situación como “muy difícil” y aseguró que la decisión “crea pánico en todas las instituciones bancarias”. En declaraciones a medios locales, sostuvo que el cierre no responde a una crisis económica del banco, sino a una política de recortes impulsada por el sector privado.

Según explicó Rodas en diálogo con medios locales, las entidades financieras continúan mostrando niveles de rentabilidad elevados, por lo que descartó problemas de sostenibilidad. En ese marco, indicó que el sindicato inició gestiones a nivel nacional para analizar el impacto laboral y social del cierre de la sucursal en una ciudad clave del norte salteño.

Desde La Bancaria también se informó que se espera la llegada de un gerente a Tartagal para mantener reuniones con los empleados afectados y evaluar alternativas. No obstante, el gremio reconoce que el margen de maniobra es limitado frente a una decisión ya tomada por la casa central de la entidad.

Rodas cuestionó con dureza el argumento del avance tecnológico utilizado para justificar el cierre. “No es válido decir que la tecnología reemplaza a la atención presencial. Esto es un recorte”, afirmó, al remarcar que las operaciones online no cubren las necesidades de amplios sectores de la población del interior, especialmente adultos mayores y usuarios sin acceso pleno a herramientas digitales.

Para el dirigente sindical, detrás del cierre se esconde una estrategia de reducción de costos y aumento de la rentabilidad, en detrimento del servicio bancario y del empleo. “Los bancos siguen ganando dinero, pero avanzan sobre las sucursales y los puestos de trabajo”, advirtió.

Finalmente, desde el gremio admitieron que revertir la medida resulta complejo desde el punto de vista legal, ya que las entidades privadas suelen cumplir con las indemnizaciones previstas por la legislación vigente. Sin embargo, remarcaron que el conflicto no se limita a lo laboral, sino que también afecta a la comunidad de Tartagal, que pierde un servicio financiero esencial.