La suerte estaría echada. Este lunes a las 11 de la mañana comenzaría la intervención de la Obra Social para los Trabajadores de la Educación Privada (OSTEP), obra social del intervenido Soeme.

Se argumenta para ello un conflicto de intereses respecto de las autoridades de la OSTEP, reclamos por defectuosa y/o inexistente prestación de servicios, reclamos por falta de pago a los efectores de salud y violación del derecho fundamental a la salud y a la vida por parte de la OSTEP.

El primer fundamento para la intervención judicial requerida surge por la cantidad de personas que ocupan cargos en la obra social y también lo hacían dentro del sindicato antes de ser intervenido. Nueve funcionarios que habían administrado de manera fraudulenta al SOEME, dirigen actualmente la obra social.

Los interventores notaron, según le contaron al diario La Nación, que un enorme porcentaje de afiliados especialmente habitantes del conurbano bonaerense y de numerosas provincias del país como Santiago del Estero, Salta, Jujuy, San Juan, entre otras, estaría sufriendo hoy la ausencia total de las prestaciones que les corresponden por su aporte.

Se trata de la obra social manejada por Marcelo Balcedo, quien sigue sumando malas noticas a la espera de extradición desde Uruguay.

La decisión se habría tomado luego de una auditoría realizada por los interventores del Soeme, que detectó irregularidades en la OSTEP

Según consignó el diario de los Mitre, se detectaron severas inconsistencias entre el pago total liquidado en los recibos de haberes y el pago total depositado por Soeme en las cuentas sueldos.

Otras irregularidades que fueron detectadas fueron los pagos sin facturar por más de 50 millones de pesos desde Soeme a Diario Hoy, que también pertenecía a la familia Balcedo. Se veían beneficiados con el capital de los aportes de la cuota sindical pero no brindaban beneficios para los trabajadores.

A su vez, se encontraron el pago de alquileres donde Soeme pagaba a dueños de propiedades que no eran beneficio para el sindicato sino para particulares. También se sospecha que hubo administración fraudulenta en los campings que pertenecen a Soeme, en Punta Lara y Tortuguitas. Además de estar en un muy mal estado, la ganancia en la última temporada fue de tan solo 50 mil pesos entre los dos. El control sobre los que controlaban los predios era nulo y se sospecha que las ganancias debieron ser mucho mayores