Por Felipe Osman

Córdoba reflejará hoy, en su propia versión del 30-A, el paro nacional convocado por el clan Moyano y su Frente Sindical para el Modelo Nacional, profundamente enemistado con la CGT que dirigen Héctor Daer y Carlos Acuña. Esta réplica cordobesa de la huelga que tendrá su epicentro en Buenos Aires no está ayuna de algunas curiosidades.

Una de ellas es que Mauricio Saillen, secretario general del Surrbac y la CGT Rodríguez Peña, esté entre sus principales promotores. Saillen sostiene un fuerte conflicto con Camioneros desde que logró ungirse como representante gremial llevándose a los recolectores –antes amparados por el convenio colectivo de Camioneros- hacia un nuevo convenio. Los Moyano resienten esta “traición”, y nunca han depuesto sus intenciones de recuperar para sí al sindicato. Los episodios judiciales de esta enemistad son harto conocidos.

Pero además de mostrar a los Saillen importando un paro traccionado por los Moyano, el 30-A cordobés dejará otra paradoja: Gabriel Suárez, secretario general del sindicato de Luz y Fuerza Córdoba, segundo de Saillen en la CGT Rodríguez Peña, y otro de los principales promotores de la huelga en la provincia, no contará con el respaldo completo del frente gremial que conforma junto al sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto y el Sindicato Regional con sede en Villa María.

El sindicato regional, que agrupa a poco menos de la mitad de los trabajadores de Luz y Fuerza en todo el interior provincial, es controlado por Máximo Brizuela desde que Eduardo Brandolín, su predecesor al frente de la secretaría general fuera detenido a mediados del año pasado, acusado de ser autor intelectual del homicidio en grado de tentativa del gremialista Alejandro Roganti en 2008.

Brizuela, a diferencia de Suárez, ha decidido adoptar una postura conciliadora frente Epec y El Panal en el conflicto que el sindicato mantiene con la Provincia, y no quiere quedar atrapado en un discurso hostil hacia el gobierno provincial.

La conducción del SiReLyF (sindicato regional) obtuvo semanas atrás, mediante un acuerdo con el directorio de Epec, un aumento del 23 por ciento del salario para sus representados que se otorgará de manera escalonada: 5 por ciento desde febrero (retroactivo), 8 por ciento en abril, 5 por ciento en junio y 5 por ciento en agosto.

Todo ello sin necesidad de hacer grandes concesiones. Para este último acuerdo, de hecho, sólo tuvo que consentir en implementar, conjuntamente con la empresa, una “política de salud ocupacional” para prevenir y erradicar el consumo de drogas entre los empleados y un “protocolo para la prevención y neutralización de la violencia de género en el ámbito laboral”.

Sin embargo, atrapado en una lucha de posiciones cerradas contra la Provincia, la conducción del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba ha calificado esta predisposición del sindicato regional a negociar con Epec como una “traición”.

La conducción del SiReLyF, en tanto, hace caso omiso de estas acusaciones. Brizuela prefiere mostrarse como un dirigente gremial dialoguista, y entiende que el “método” de confrontar con El Panal no es redituable para sus representados.

Por otra parta, mientras Suárez acusa al Centro Cívico de buscar la privatización de Epec, desde Villa María entienden que estas acusaciones son infundadas, y que una nueva gestión peronista al frente de la provincia es la mayor garantía de que la empresa permanecerá en la órbita del Estado.

Además, creen que la mayoría de los cordobeses tiene una buena percepción del gremio, que respetan el pasado de sus referentes que han jugado un rol importante dentro de la historia reciente de Córdoba y el país, pero entienden que aliarse con algunos sectores del sindicalismo daña esa imagen.