La implementación del sistema de Participación Pública Privado (PPP) continúa trayendo polémica, en este caso con las quejas y denuncias de municipios contra las nuevas concesionarias que se hicieron cargo a partir de octubre del año pasado de los proyectos firmados a través de los convenios en las rutas argentinas.

Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia denunciaron que los nuevos concesionarios dieron de baja los acuerdos que tenían con empresas de ambulancias y otras emergencias, los cuales hoy corren por cuenta de los intendentes. Esto se debe a una clausula del contrato, por la cual los municipios tendrán que hacerse cargo de los servicios de primeros auxilios y de extinción de incendios en caso de accidente cuando ocurren en tramos viales de sus jurisdicciones.

Según publicó el diario Clarín, el organismo que dirige Guido Lorenzino adelantó que presentará un recurso judicial para frenar esa disposición. “Los municipios enfrentan estos gastos, por lo que estamos ante una transferencia indirecta a los bonaerenses. Muestra la decisión del gobierno nacional de no proteger a la gente y garantizarle los negocios a las empresas”, señaló Lorenzino.

LA MEDIDA ALCANZA A LOS CORREDORES VIALES A (RUTAS NACIONALES 3 Y 226); B (RN 5); C (RN 7); E (RUTAS NACIONALES 193 Y 9); 2 (RN 188); 8 (RN 8); 18 (RN 12); Y SUR (RUTAS NACIONALES 3 Y 205).

“La compañía que tiene a su cargo el corredor B nos informó que desde noviembre rescindió el contrato con la empresa de emergencias que operaba sobre la vía”, se aclaró desde La Defensoría.

Asimismo, el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), que conduce Sergio Sánchez, lamentó no haber sido escuchado por intendentes cuando a principios del año pasado advirtieron sobre las problemáticas que causaría en las cuentas municipales los convenios para la construcción y administración de corredores viales, conocidos como PPP.

El gremio recordó la solicitada que publicó en el Diario de Saladillo donde advertía a los intendentes sobre la transferencia de gastos y recursos de los municipios para asistir los siniestros viales que pudieran ocurrir en las rutas nacionales.

Asimismo, el SUTPA distribuyó oportunamente volantes en todo el país para exponer la situación ante los usuarios donde expresaba: “La asistencia que hoy brindan los Concesionarios actuales va a quedar a cargo de los municipios del interior. Menos policías, bomberos y ambulancias en los pueblos y más impuestos para los vecinos y el municipio“.

Al relatar el “fracaso anunciado de las PPP”, el sindicato aseguró que los impulsores de los convenios “no sólo pusieron en riesgo los puestos de trabajo de sus vecinos con su acompañamiento a estos proyectos, sino que además serán cómplices de los mayores costos que estas concesiones traerán para las arcas de sus municipios”.