Además, comentó la situación de las mujeres que trabajan en el poder judicial: “Somos administrativas, técnicas, peritos y con suerte funcionarias. Más arriba y más abajo es cuestión de hombres”, aseguró Lorente.

RP.- ¿Cómo se trató dentro del gremio el desplazamiento de Omar Rojas?

Nos costó mucho llegar a esta decisión, no es algo que hubiésemos querido que nos pasara. Teníamos previsto ya para este año, en el segundo semestre, hacer los protocolos sobre violencia en el ámbito sindical y nunca lo llegamos a armar.

Esto fue en julio del año pasado, terminando la feria; nos encontramos con esto y no sabíamos qué hacer, así que a principios de agosto le pedimos a Rojas que tome una licencia y mientras avanzamos con un absoluto desconocimiento de los procesos a seguir.

Pensando cómo íbamos a hacer para averiguar la verdad sobre este tema, porque no queremos que la AJB esté representada por este tipo de personas, que atentan contra la integridad de las mujeres.

Venimos trabajando en este sentido de manera muy fuerte y muy coherente. Después de muchas idas y vueltas le pedimos consulta al Observatorio de Violencia de Género de la provincia de Buenos Aires, y previo a esa consulta planteamos el caso en la comisión directiva provincial, y se pidió la suspensión. 

Porque no alcanzaba con la licencia, el señor tenía una causa por violencia de género y no podía ejercer su cargo. Sería altamente cuestionado que hubiese este tipo de representación teniendo el antecedente. Sabemos los tiempos de la justicia, tratamos de poder construir algo colectivo que defina esta situación, pero los tiempos de la Justicia aún no han determinado si él tiene algún tipo de responsabilidad o no. No sabemos si hay personal idóneo y capacitado para tratar el tema.

Vemos con mucho asombro que permanezca en la misma departamental. Por el ámbito judicial no nos podíamos guiar, entonces fue una resolución que tiene que ver con lo ético, lo moral, de darle credibilidad a la palabra de la mujer -que es lo que siempre estamos manifestando en cada una de las capacitaciones.

La recomendación del Observatorio indicaba que teníamos que tomar acceso directo de la causa penal, la abogada del sindicato Marta Vedio se trasladó, tomó conocimiento, escribió un informe donde resguardamos la identidad de la mujer -con todas las normas de privacidad que merecen estos casos- y con ese informe es que el congreso elaboró un dictamen, dos por la expulsión y uno por la permanencia. 

Por mayoría, el congreso decidió la expulsión. Había en el expediente datos que nos alcanzaron para definir esto. En la causa había entrevistas a compañeras que él mencionó como testigos pero dijeron todo lo contrario. Además de los informes periciales que le hicieron a él resultaron elementos verosímiles y que había que tener en cuenta al momento de decidir objetivamente si había que expulsarlo o no. Por amplia mayoría se decidió que no podía estar en el poder judicial, era un dirigente que cumplía tres cargos: dos en la comisión directiva provincial y secretario general de Azul por muchísimos años. 

Es lamentable, pero ninguna agrupación está exenta. Lo que rescato y valoro es la construcción que hicimos a través del tiempo. Fue con todos los elementos de prueba posible, con un convencimiento absoluto, fue meditado; hubo una instancia de defensa para que él pueda explicar su opinión, fue escuchado. Nos parece que hicimos lo correcto y estamos muy satisfechos en ese sentido. 

RP.- Es una medida inédita en el marco de un gremio. ¿Pretenden que este ejemplo se replique en otras organizaciones sindicales?

Esto es un ejemplo no sólo para otros sindicatos y otras compañeras que están muy contentas por la decisión que tomamos, sino también un mensaje para el poder judicial. Primero por la demora que tienen en reparar el daño hacia las mujeres -las medidas de protección se caen, no se valoran de la misma manera los dichos, la gente queda totalmente impune. 

También, cuando hay un caso de violencia de género en una oficina, el violento sigue a cargo. Se desplaza a las mujeres, ellos siguen manteniendo sus privilegios y acá no hay privilegio que valga. Nosotros creemos que acá no hay privilegios, no vamos a tener en cuenta la jerarquía, la antigüedad, ni nada. Son dos personas donde una se aprovechó de la otra por su género.

Por orden del congreso ahora debemos elaborar el protocolo para intervención en los casos de violencia sindical. Es una tarea que nos han encomendado, nosotros venimos trabajando desde hace más de un año con un equipo interdisciplinario conformado por psicólogas, abogadas, trabajadores sociales con perspectiva de género, a quienes permanentemente les estamos consultando. 

Ellas toman intervención en casos concretos, elaboran proyectos conjuntos y a su vez ofrecemos capacitación a nivel provincial para quien quiera asistir sin ningún tipo de limitación sobre temáticas que tienen que ver con la prevención y la atención. De ahí salen varios trabajos: por ejemplo hemos presentado el proyecto de lactancia, venimos de presentar el proyecto de licencia laboral por violencia de género que desde el año pasado se lo estamos solicitando a la doctora Kogan. 

Ya tenemos armado el proyecto de licencias familiares indistintas e intransferibles, para terminar con la feminización de la maternidad y la crianza. A través de ese equipo capacitador, de la Federación Judicial Argentina (FJA) y de diferentes organismos que colaboran estamos en camino de lograr más derechos que tengan que ver con la equidad de género. 

RP.- Se puede capacitar a los trabajadores judiciales, pero ¿hasta qué punto se puede influir en la toma de decisiones? Fallos, resoluciones, ideologías en el ámbito judicial...

Nosotros acompañamos todas las demandas con el físico, la palabra, los repudios  y adhesiones. Lo que le pedimos a la Corte es que la capacitación sea obligatoria. Es una instancia de sensibilización, que es imprescindible para generar mecanismos adecuados para derribar prejuicios y estereotipos.

Estamos en ese camino. No tenemos por ahora indicios de que sea posible, pero seguimos insistiendo en cada una de nuestras demandas; por otro lado lo que hacemos es cuestionar esos fallos. Todo lo que se ve en los fallos también tiene un correlato con lo que pasa dentro de las oficinas, y la discriminación, la violencia de género, el acoso y el maltrato que sufrimos las mujeres dentro del poder judicial. Tenemos muchos frentes en ese sentido. 

RP.- Los detractores de la ley de Paridad repudian el cupo y priorizan "la capacidad". ¿Qué muestran los números del poder judicial?

Según las estadísticas de las universidades, las mujeres somos las que más accedemos al título y más capacitaciones tenemos. El techo de cristal es una realidad; el poder judicial es sexista, machista, patriarcal y misógino. No quiere decir que una mujer tenga perspectiva de género, pero si hay más mujeres en cargos de toma de decisión, es probable que el resto se transforme. 

RP.- Se habla de que hay muchas mujeres pero, ¿en qué situación están?

Hay un 56 por ciento de mujeres en el poder judicial y un 44 por ciento de hombres. Pero la pirámide es invertida, se transforma en un diamante: porque en la base y en la cúpula las mujeres no tienen acceso a cargos.

En la parte superior -en la Suprema Corte- está solamente la doctora Kogan y entre los jueces de Casación no encontramos mujeres. En los niveles intermedios, que hacen todas las tareas administrativas y de elaboración de sentencias -todo lo que tiene que ver con el proceso judicial- está "copado" por las mujeres. 

Y en los niveles inferiores, con cargos como el de ordenanzas -donde no se necesita secundario completo ni el curso de ingreso al poder judicial- está lleno de hombres. Son empleos fijos, no precarizados, con obra social, jubilación, tiempo parcial, que tan bien le vendrían a las mujeres... Son ocupados por hombres también. 

Es decir que somos: administrativas, técnicas, peritos y con suerte funcionarias. Más arriba y más abajo es cuestión de hombres. 

RP.- ¿Existe la posibilidad de que en algún momento se pueda implementar un cupo en estos espacios?

En el único nivel que coincidimos mujeres y hombres es en nivel 19 y 35. Hay cinco niveles de cargos más arriba en el que las mujeres están en desigualdad de condiciones. Y para abajo lo mismo. 

Ahora estamos tratando de recabar información para que se cumplan algunos de nuestros proyectos de cupo: el tema de los ex combatientes y de discapacidad. Está costando mucho que nos den información sobre cuántos hombres, cuántas mujeres hay en cada departamental. Creo que la alternancia y la equidad en la distribución de los cargos de poder es fundamental para tener una verdadera justicia social. 

Hasta que las capacitaciones no sean obligatorias, es difícil impulsar una perspectiva de género. El caso de Higui -Analía de Jesús- es el de una chica inocente, tirada en el piso, molida a palos, acusada de homicidio sin tener en cuenta su situación de vulnerabilidad, la diferenciación por su identidad de género y el factor numérico de los agresores. Ni si quiera el tipo de agresión, que tuvo que ver con lo sexual. Ninguno de esos elementos fue tenido en cuenta. Mientras tanto tenemos genocidas con prisión domiciliaria y beneficiados por el 2x1.