Desde los movimientos en París, Lyon e Irlanda a las revueltas de Londres o los escritos de Friedrich Engels y el socialismo científico, el propósito de las uniones discurría siempre en torno a la protección de los intereses de los obreros y el derecho al trabajo. Sus líderes, sin excepción, eran trabajadores que cumplían el horario al igual que sus seguidores y que estaban constantemente presentes en el lugar de trabajo. De otro modo, ¿cómo podían mediar inmediatamente cuando un gerente golpeaba a un obrero o cuando se avasallaba un derecho social?

Acorde al gobierno de Cambiemos, los secretarios generales argentinos y latinoamericanos han pervertido ese proceso, transformando lo que era un justo reclamo de derechos en una floreciente industria de sindicalistas multimillonarios. Las resonantes detenciones de Juan Pablo “El Pata” Medina y Marcelo Balcedo son ejemplos vivos de ello.

Desde el sindicalismo nacional no se aceptó la crítica de buen grado. Con acierto, explicaron que los casos de Medina, Balcedo e incluso Humberto Monteros en Bahía Blanca no son más que casos aislados, explotados hasta el hartazgo por los medios de comunicación, con el objetivo de defenestrar la imagen de los gremialistas y con ello dejar el suelo abonado para la hora de tomar medidas impopulares.

En esta línea, el diputado nacional por Cambiemos Luis Petri decidió presentar un proyecto de ley que habilita a juzgar por corrupción, enriquecimiento ilícito y cohecho a aquellos sindicatos que administren obras sociales. Para los entendidos, esto sería el golpe de gracia para el gremialismo nacional.

Acorde a especialistas como Silvia Stang, los sindicatos crecen al amparo del sistema de obras sociales, que les permiten llevar adelante maniobras tan non sanctas como los llamados “préstamos asistenciales”, que no proponen otra cosa que improvisadas (o no tanto) casas de préstamos para los afiliados, que acceden a unos pocos pesos con importantes tasas de interés, en cuotas que son descontadas directamente de sus recibos de sueldo. Acorde a Stang, durante el 2017 las obras sociales de los sindicatos manejaron recursos por más de 8.260 millones de pesos.

El resto de los ingresos de un sindicato son un mero adorno. Subsidios directos o indirectos entregados por el Estado, en su mayoría insuficientes, declarados como capacitaciones que nunca se dan y que suelen llegar tarde a las arcas de los gremios, el aporte de los afiliados y las contribuciones empresariales. Todo suma, pero no alcanza para crecer. “La clave no es el sindicato en sí mismo sino los negocios que se pueden hacer a partir de él”, asegura un allegado a la UOCRA La Plata.

El desafío está puesto sobre la mesa. Desde Cambiemos buscan demonizar al gremialismo y transformarlo en uno de los grandes culpables de la debacle moral, social y política del país. Personas siniestras, oscuras, que transportan gente como ganado, en su mayoría compuesto por personas sin grandes atributos educativos que creen en lo que escuchan y reciben dádivas mientras los secretarios generales se pasean en sus camionetas 0km.

El peronismo responderá a las acusaciones. Planteará la posición de que el sindicalismo fue el creador y conductor de algunos de los más grandes logros laborales de los trabajadores en las últimas décadas, desde las vacaciones pagas hasta los francos, pasando por las carpetas médicas y el aumento anual a través de las paritarias. Purgarán, además, por comunicar la teoría de “aliados de la patronal” que envuelve al gobierno de Cambiemos, que provoca interpretar la lógica de la batalla contra los gremios en un ángulo muy distinto al de la simple búsqueda por la Justicia: el de beneficiar a los empresarios amigos.

Pareciera no haber buenos en ningún bando, al observar una lucha en la que ambos sostienen la bandera de la Justicia pero ninguno pareciera realmente estar allí por ella. Cambiemos ha dado un nuevo paso hacia la destrucción de los gremios. La respuesta, sin dudas, no tardará en llegar.