A mediados de febrero, el juez Rodolfo Canicoba Corral la designó como interventora del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).La diputada Gladys González, dirigente de confianza del presidente Mauricio Macri y miembro de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios en la Cámara de Diputados, llegó a la sede del gremio, ubicada en la calle Perú al 1600 y encontró al secretario general, Omar "Caballo" Suárez, comiendo en la sala de reuniones.

"Siéntense ¿quieren tomar algo?", ofreció el líder de los marítimos, que pensó que la llegada de González y sus colaboradores sería formal y pasajera. La visita terminó con Suárez y su gente de confianza expulsados del sindicato y dio comienzo a un proceso de investigación que, siete meses después, llevó al juez - en base a una denuncia iniciada en 2012 por el titular de la Cámara Armadores de Lanchas de Prácticos (CALPRAC), Miguel Angel Doñate, a la que después se sumaron otros empresarios y ex delegados- a ordenar la detención del gremialista por considerarlo "jefe u organizador de asociación ilícita, administración fraudulenta y coacción".

El "Caballo" Suárez tuvo, hasta mediados de febrero, un dominio absoluto sobre el sector marítimo. Dueño de un frondoso prontuario judicial, llegó a la cúpula del SOMU en 1989, junto a un grupo de carapintadas, y desde allí construyó su poder, que consolidó durante el kirchnerismo, que lo mantuvo como un aliado, aunque le provocó grandes dolores de cabeza. Desde el gremio, Suárez supo ahogar a las empresas del sector con huelgas eternas, paralizó la comercialización productos y jugó siempre al filo con la posibilidad de generar un desabastecimiento energético.

"Este es el resultado de siete meses de trabajo, en los que le aportamos al juez Canicoba Corral todas las pruebas que encontramos de los delitos por los cuales estaba denunciado", explica González a Letra P en la sede del sindicato.  

-¿Cuáles son las principales irregularidades que encontró en el sindicato y que comprometen a Suárez?

- Una es la extorsión a la que sometía a los empresarios y el dinero que recibía en valijas. Un empresario me contó -y me aclaró que no lo iba a repetir en ningún lado- que un día el Caballo le pidió un millón de dólares. "Yo me negué porque ya estaba harto. Pero alguien decidió dárselo",, me dijo. Otra es extorsión en la que el Estado es cómplice, cuando les decía a los barcos que no los iba a dejar operar, como si fuera autoridad de aplicación. Después está el peaje y la extorsión a los trabajadores, que embarcaban o no de acuerdo a lo que él quería, a si estaban alineados o no. Tenemos  denuncias de gente que dice que se le cobraba por embarcar. También la creación de una estructura de empresas, todas proveedoras de sí mismas, con una operatoria circular. Y por último los gastos superfluos, con inversiones millonarias que nada tenían que ver con los afiliados  y que usaba él personalmente. El Caballo confundió su persona y patrimonio con los del sindicato.

- Siempre se dijo que Suárez era el sindicalista "preferido" de Cristina Fernández de Kirchner, ¿cree que el kirchnerismo tuvo que mantenerlo cerca para evitar el desabastecimiento energético o que hubo complicidad?

-No tenemos ninguna prueba pero no descartamos  que haya habido complicidad. El Caballo hizo un negocio con la importación de gas, que empezó en 2008. Cuando entran buques de bandera extranjera a operar en determinado sector, les cabe la ley que dice que tienen que ser tripulados por argentinos. Entonces Suárez les decía a las empresas extranjeras que les daba permiso para operar pero como él no tenía tripulación argentina capacitada para operarlos, le tenían que pagar los sueldos de una tripulación entera, como si estuvieran ahí. De lo contrario, no les daba permiso.

-Como si fuera autoridad de aplicación.

-Y claramente eso es un sobrecosto en los precios del gas, porque Enarsa era quien contrataba y quien finalmente le tenía que pagar a esa empresa por dos tripulaciones. Él decía que ese dinero era una contribución para capacitar a los trabajadores para que en el futuro pudieran operar. Y la verdad es que había trabajadores capacitados en el SOMU para hacer ese trabajo. Pero de esa manera, el Caballo recibía en blanco un dinero de las empresas supuestamente destinado a capacitación. Es una extorsión blanqueada en la que el Estado fue cómplice. Y encima afectó a los trabajadores porque les impidió el derecho a trabajar.

-De acuerdo con los empresarios, no decidía medidas de fuerza generales, sino contra determinadas empresas en particular y sin previo aviso.

-Paraba a los buques, amenazaba a las empresas, extorsionaba. De hecho sabemos el caso de la empresa holandesa Smith, que fue obligada a irse el país y el Caballo se quedó con los remolcadores.

-Quedaron en manos de un consorcio, del que forman parte empresarios.

-Sí, pero uno de esos remolcadores lo tiene San Jorge Marítima, que es una empresa en la cual el SOMU tiene un 20 por ciento y el otro 80 por ciento está en manos de testaferros, que a simple vista está claro que no tienen solvencia económica. San Jorge tiene un remolcador, un yate, una moto de agua, emplea personal que usaba el Caballo. Después está Elite viajes, donde el Caballo tiene el 80 por ciento de las acciones.

-¿A qué se dedica?

-Es una empresa dueña del hotel Belinda, ubicado en Monte Caseros, Corrientes - lugar de nacimiento de Suárez-  que lleva el nombre de la mamá del Caballo, y que le facturaba al SOMU por servicios que dudosamente le prestaba. Nosotros encontramos una facturación con números correlativos, porque uno de los pocos clientes que tenía Elite era el SOMU. El otro era San Jorge. Son empresas todas proveedoras de sí mismas, es todo circular. Y ese hotel le facturó al SOMU durante varios meses 40 plazas, cuando en realidad tiene 24 plazas.

-¿En qué consistía la extorsión a los trabajadores?

-Se llamaba a las empresas para decir que bajaran a los trabajadores de los barcos para que no los pudieran efectivizar. Se organizó un sistema de rotación. Eso significa tener un ejército de choque y un trabajador que cree que su empleador es el sindicato. Además, el estatuto dice que si no embarcás  no podés ser afiliado y por lo tanto no podés participar en la vida gremial. Y si vos elegís quién puede embarcar, vos elegís quién vota y quién no. Es un estatuto restrictivo de la participación de los trabajadores, que funcionaba para tenerlos alineados.

-¿Qué respuesta encontraron por parte de los empresarios del sector? Muchos no se animaron durante mucho tiempo a enfrentarse a Suárez.

-Por miedo en algún caso o bien porque se beneficiaban con la eliminación de la competencia, en otros. La mayoría de los empresarios colaboró puertas adentro pero no se anima a hablar. Creo que el hecho de ver al Caballo les demuestra que estamos yendo en serio. Nosotros queremos que el sector crezca, que haya más puestos de trabajo y eso se hace con un sindicalismo racional, que  trabaje al lado del Gobierno y con el empresariado. Las empresas celebran que hoy no tienen pagar el costo de la extorsión, que eso a la larga se traduce en el costo de las cosas. Este no es un sindicato cualquiera. El Caballo no solo se dedicó a desviar los fondos del sindicato sino que afectó de manera muy negativa al sector de la marina mercante en Argentina. Hay un precio de un flete que es irracional y la hidrovía está en manos de los paraguayos.

-Se lo solía mencionar a Suárez como "el Moyano del agua".  Los afiliados de Camioneros respaldan a Moyano por las condiciones de trabajo y los salarios que logró para el sector, ¿cuál diría que es la situación tienen los trabajadores del SOMU?

-Hay de todo. Tenés trabajadores de la pesca que se quejan porque el Caballo negoció convenios en los que cobran aguinaldos que están  por debajo de la ley. En otros casos los convenios son buenos y los sueldos de los trabajadores también El tema es cómo se llega a esos acuerdos, en muchos casos con el miedo y la extorsión a la empresa. Pero una paritaria deberían ser las dos partes trabajando en conjunto para que el sector  crezca y haya más puestos de trabajo.

-¿El Gobierno pretende aleccionar a los sindicalistas con el caso de Suárez?

-Así como el Gobierno quiere que sus funcionarios sean honestos y cumplan con su labor, el cambio debe ser para todos, también para los sindicalistas. No es un "cuidate porque te va a pasar a vos". Pero claramente va a ser de todas maneras ejemplificador porque lo que mostramos es cuál era su modus operandi y cómo un sindicalismo hecho de esta manera termina destruyendo el sector. Me pasa a mí como funcionaria. Si yo veo que los funcionarios kirchneristas robaron y van presos, entiendo el mensaje. Uno es bueno por convicción pero también ayuda cuando ves que el sistema castiga a los que hacen las cosas mal. Si la Justicia actúa es bueno para todos los ciudadanos  y para el sistema democrático.

-¿No cree que los sindicalistas podrían interpretarlo como un mensaje, en un clima de tensión con la CGT como el que se vive?

-No creo que sea aleccionador para frenar reclamos de los sindicatos, que van a seguir existiendo. Y este sindicato también, cuando vuelva a manos de los trabajadores, el 22 de febrero - cuando cesa la intervención - también tendrá su propia vida y su propio accionar. De hecho ahora, cuando nosotros vemos que hay una empresa que no está cumpliendo con las condiciones acordadas, llamamos, hacemos el reclamo. Lo que tiene que eliminarse es la extorsión.

-¿Cómo sigue la intervención?

-Hasta ahora estuvimos muy concentrados en el saneamiento, en ordenar las cuentas, pagar las deudas, armar un sistema contable, incorporar sofware en los procesos. Abrimos plazos fijos para la plata que se generó estos meses. El 22 de febrero se llamará a la normalización, a la junta electoral, y se abrirá un proceso de elecciones. Todavía no sabemos cómo vamos a hacer para garantizar la participación. Muchos trabajadores quieren impugnar el estatuto, porque lo consideran restrictivo y creen que fue utilizado en su contra. Veremos cómo se va ordenando. Vamos a dejar el sindicato saneando, ordenado para la nueva conducción.