Fue un primer encuentro oficial, que todos coincidieron en calificar de auspicioso. Este mediodía, funcionarios del Ministerio de Salud, directivos de la CGT y directores médicos de las obras sociales sindicales avanzaron en la coordinación de las tareas y las medidas necesarias para afrontar con mejores recursos la crisis que se originó por el avance del coronavirus en la Argentina.

Ambas partes se comprometieron a elaborar un protocolo con el fin de instrumentar en todo el país el ofrecimiento de los hoteles sindicales para alojar a quienes tengan que quedar aislados por el coronavirus y también la utilización de las clínicas y los sanatorios de los gremios.

También se analizó la posibilidad de que los sindicatos que pongan a disposición reciban una ayuda económica del Estado para comprar ciertos insumos que requiera la atención de la gente en cuarentena y, además, un aporte adicional que daría la Superintendencia de Servicios de Salud a las obras sociales que internen en sus establecimientos propios a los pacientes con coronavirus.

Los primeros borradores del protoloco serán analizados este viernes, a las 10, en el Ministerio de Salud, adonde concurrirán los miembros de un comité de crisis que fue creado hoy y que integran la cartera que encabeza el ministro Ginés González García, la CGT y las obras sociales.

Del encuentro de este mediodía, que se realizó en la sede de la Superintendencia de Servicios de Salud, participaron el presidente de este organismo, Eugenio Zanarini; el secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina, que fue en nombre del ministro González García; el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri, y una veintena de directores médicos de las obras sociales sindicales, entre otros.

Las obras sociales pidieron al Gobierno que apure la entrega de vacunas

Uno de los primeros temas abordados fue cómo actuar en conjunto en caso de que profundice la curva de contagios del coronavirus en la Argentina. Los funcionarios de Salud explicaron que se está haciendo un seguimiento exhaustivo de los casos confirmados, comparando los que registraron en China y en Europa en comparación con los de nuestro país, y destacaron que se están tomando medidas para anticiparse a un eventual crecimiento de los afectados por el virus Covid-19.

Allí se coincidió en la necesidad de que existan protocolos claros para cristalizar la ayuda de los sindicatos a través del alojamiento en sus hoteles de todo el país, con el fin de alojar a quienes tienen que cumplir la cuarentena obligatoria o presentan un cuadro que no es de gravedad. Será una forma de descomprimir al sistema de salud y evitar que colapsen los hospitales, clínicas y sanatorios con casos que pueden atenderse sin comprometer recursos necesarios para los pacientes graves.

“Por las dudas, tenemos que tener la máxima disponibilidad de camas y estar preparados para cualquier contingencia”, dijeron los funcionarios de Salud al referirse a los hoteles sindicales, las obras sociales e incluso el alojamiento que podrían proporcionar las Fuerzas Armadas a nivel nacional.

Todos los participantes coincidieron en que hay que hacer un relevamiento de los recursos que se necesitarían para garantizar la seguridad del personal que atendería a los pacientes: no sólo respiradores, sino también barbijos, camisolines, guantes de látex y antiparras protectoras. Lingeri planteó que se necesitaría una ayuda económica del Estado para la compra de esos insumos.

En el protocolo que se está elaborando también incluirán detalles sobre quién y de qué manera proveerá la atención médica y la asistencia de enfermería en caso de que se agrave la salud de algún paciente en cuarentena en los hoteles sindicales o en las dependencias militares.

Funcionarios de Salud explicaron a las obras sociales que habrá 30 establecimientos que tendrán el test del coronavirus

Sobre el tema de los insumos necesarios, se planteó la idea de que el Gobierno propicie la exención de impuestos aduaneros para facilitar la compra de los respiradores y, además, que se eliminen las actuales restricciones de homologación de los equipos, ya que no todos están autorizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para ser utilizados en la Argentina, para lo cual buscarían otorgar permisos a más marcas y modelos.

Un director de una obra social importante planteó la necesidad de que los laboratorios del sistema de seguridad social y de las prepagas puedan disponer del test para diagnosticar el coronavirus, pero los funcionarios de Salud advirtieron es complicado habilitarlo de manera masiva y confirmaron que antes de fines de mes habrá 30 establecimientos que podrán hacerlo, además del Instituto Malbrán.

También del sector de las obras sociales surgió el pedido de contar con más vacunas antigripales y contra el neumococo “para empezar a vacunar a los afiliados a nuestro sistema, que son casi 14 millones de personas”. Los representantes de la cartera de Salud aseguraron que en el país hay un stock de 11 millones de vacunas, por lo cual se pidió el adelantamiento de la entrega de las dosis.

El ministro Ginés González García envió al secretario Arnaldo Medina al encuentro con la CGT y las obras sociales

Lingeri, por otra parte, hizo un reconocimiento a “toda la gente de la salud y del sistema de sanidad de todo el país por la colaboración que están prestando en esta emergencia, aun considerando que no cerraron su paritaria y, sin embargo, siguen trabajando a destajo”.

En el encuentro, la CGT pidió que se apure el pago de $4.800 millones que el Gobierno les devolverá a las obras sociales, como anticipó Infobae, cifra que representa casi un tercio de de los $15.000 millones que les debe el Estado en concepto de reintegros por prestaciones médicas de alto impacto económico y de tratamiento prolongado. Allí se aclaró que no se trata de subsidios que salen de las arcas del Estado, sino de fondos provenientes del aporte mensual de los trabajadores que van al sistema de seguridad social y que administra la Superintendencia.

Fuentes sindicales estiman que los fondos que están depositados por distintos motivos y que pertenecen al sistema de obras sociales alcanzan los $24.000 millones, de los cuales este mes la Superintendencia liberará $4.800 millones y el mes que viene podría pagar otros $2.200 millones.